14 de febrero de 2017
14.02.2017
Caso Púnica

Velasco pide al Supremo que impute a Barreiro

El instructor considera que la actual senadora cometió cinco delitos en su etapa como alcaldesa de Cartagena

14.02.2017 | 04:00
Velasco pide al Supremo que impute a Barreiro

El juez Velasco, en su auto, también solicita al Tribunal Supremo que se haga cargo de la investigación de la senadora Pilar Barreiro, que está aforada. A la exregidora le imputa delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

En concreto, Velasco tiene claro que la que fuese alcaldesa de la ciudad de Cartagena cometió fraude «por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de pedro en el amañe de futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, previsto y penado en el artículo 436 del Código Penal».

Asimismo, el instructor ve malversación de caudales públicos «por sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares, como son la creación de un diario digital en esta localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos, previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal».

En cuanto al cohecho, Velasco señala que Barreiro lo cometió cuando «se le ofertan y prestan servicios de carácter particular y personal, como son la creación de un diario digital en Cartagena y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos, a cambio de innecesario publicidad turística que ella adjudica en su Ayuntamiento». El juez recuerda que este delito está penado en el artículo 420 del Código Penal.

La prevaricación fue porque «instrumentalizó una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo», señala el auto.
Y sobre el delito de revelación de información reservada, se le imputaría, al igual que a PAS «al proponer filtrar a personas no funcionarias información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar», resalta el juez.

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