Fraude, cohecho y revelación de información reservada. Son los delitos que, según estima el juez Eloy Velasco, podría haber cometido Pedro Antonio Sánchez, en el marco de la Púnica.

Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Madrid, no puede imputar directamente a PAS, dado que se trata de un aforado, por tanto, ha mandado su auto al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) para que proceda a investigar al actual presidente de la Región, que habría cometido estos delitos en su etapa de consejero de Educación.

«Durante la primavera de 2014, la candidatura a la presidencia de la Región de Murcia se encontraba en disputa, no existiendo un candidato en firme para el puesto, razón por la que podía ser muy importante un buen posicionamiento en las redes sociales y una buena reputación de quien se postulara en estos momentos para poderse constituir como un candidato con posibilidades reales de ser elegido».

Así arrancaría la trama, y así arranca el auto del juez. En la pugna para sustituir a Valcárcel en el sillón de San Esteban, habrían caído en las garras de la Púnica dos de los aspirantes: Juan Carlos Ruiz (entonces consejero de Turismo, y ya fuera de la política tras dimitir por este caso) y Sánchez.

El nexo entre el considerado 'conseguidor' de la Púnica, Alejandro de Pedro, y estos dos entonces consejeros habría sido, según el juez, el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso. Por mediación suya, De Pedro se habría puesto en contacto con asesores y jefes de gabinete tanto de Ruiz como de Sánchez, con el fin de vender sus estrategias.

Tal y como se puede leer en el auto, «el contrato reputacional sobre la persona de Pedro Antonio Sánchez incluía: estrategia SEO y linkbuidilg 'Pedro Antonio Sánchez', creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en web existentes, un periodista, informes mensuales... Su coste era de 4.600 euros al mes, el periodo contratado era de siete meses: del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2015, importando un total de 32.200 euros». Con dinero público, subraya el instructor.

Como a la vez se estaban haciendo trabajos de reputación online para Juan Carlos Ruiz, «la simultaneidad de ambos planteaba un posible conflicto de intereses», detalla el juez, algo que se resolvió porque Alonso lo consultó con la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y decidieron que «pese a todo, acometerían los trabajos» también de Sánchez.

En cuanto al modo de proceder, indica el auto, «se insertaban en los diarios digitales vinculados a De Pedro, y creados ad hoc para ello, noticias cuyo contenido procedía fundamentalmente de los gabinetes de prensa de las instituciones públicas a las que Alejandro de Pedro facturaba o que extraía de motores de búsqueda, y que perseguían ofrecer una imagen favorable del político cuya reputación se pretendía mejorar».

«Amañar contratos»

De Pedro y el exalcalde Alonso, «su socio, asesor y consultor» se habrían servido, según el juez, de «personal a servicio de sus empresas, que les ayudaron en las tareas ejecutivas, conscientes de su irregularidad al procurar la cobertura ficticia de sus acuerdos».

Por tanto, en cuanto a PAS, el fraude sería «por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amaño de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar, con dinero público previsto para formación, en realidad trabajos particulares reputacionales en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región», se detalla en el auto.

El cohecho sería porque «se le ofertan y prestan servicios de carácter particular y personal de carácter reputacional online a cambio de amañar futuros contratos públicos en materia de formación en su Consejería de Educación».

En cuanto al delito de revelación de información reservada, se le imputaría «al proponer filtrar a personas no funcionarias información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar», dice el juez.

Más murcianos imputados

A José Antonio Alonso, por su parte, se le investiga por fraude, aprovechamiento de información reservada, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y falsedad. La trama salpica, asimismo, a su hermano Agustín, al que el juez acusa de malversación, pertenencia a organización criminal y fraude. Al no estar aforados, a ellos sí los puede investigar Velasco.