El jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, se habría librado de la imputación por la mediación de la Fiscalía General, ya que dos fiscales de la Púnica, las que llevaron la investigación del caso directamente, estaban dispuestas a cargar contra el líder murciano del PP por planear contratos con empresas de la trama para mejorar su reputación personal con cargo a las arcas públicas. Esa diferencia de criterio entre dos fiscales y la cúpula del Ministerio Fiscal lo señala en su edición de este miércoles el diario El Mundo.
De hecho, en un documento oficial de la Fiscalía para dar a conocer su decisión sobre si se debía investigar a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez queda patente que la decisión ha sido tomada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro Fiscales de Sala Jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo. Algo que el propio Pedro Antonio Sánchez y su equipo han resaltado a diferentes medios desde que se conoció la postura de la Fiscalía.
El criterio de la Fiscalía en este caso es la respuesta a la petición del juez Eloy Velasco, que el lunes redactaba un auto solicitando al Tribunal Superio de Justicia (TSJ) que investigara a Pedro Antonio Sánchez por delitos de revelación de información reservada, fraude y cohecho. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentaba un informe a Velasco en el que se oponía a que el magistrado elevara al TSJ la causa de Sánchez, considerando que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama Púnica no llegaron a formalizarse. Este es el argumento que Pedro Antonio Sánchez afirma desde que comenzó la investigación sobre el caso: que nunca se firmó nada.
Pero el juez y la Fiscalía difieren en su criterio. El juez Velasco considera en su escrito que hay indicios de que Pedro Antonio Sánchez tuvo la intención de firmar contratos con las empresas de la trama para mejorar su reputación, unos contratos que, supuestamente, se iban a cargar a una partida de Formación en la etapa de Pedro Antonio Sánchez como consejero de Educación.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas. No opina lo mismo el Ministerio Público con respecto a Pilar Barreiro, para la que sí ha pedido que se eleve el caso al Tribunal Supremo. Sobre la senadora explica que sí que hay indicios de que pudo cometerse delito, aunque señala, la dificultad de discernir en estos caso dada la "tenue línea" que separa los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política.
Velasco indica en su auto conocido el lunes que los hechos ocurridos dentro de la trama Púnica podrían ser constitutivos de delito y en el apartado 3 señala que en la consejería de Educación, cuando Pedro Antonio Sánchez, era su titular se produjo durante 2014 "un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez (actual presidente autonómico de la Región), para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales".
En esta etapa, Pedro Antonio Sánchez se postulaba para ser el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Región.
El juez de la Audiencia Nacional en su auto indica que el presidente podría ser acusado de cometer los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
En cuando a Barreiro, en el punto dos del auto, considera que con la ayuda para su ejecución de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones "con foto y por supuesto en positivo" favorables a la entonces alcaldesa.
PAS se planteará dimitir cuando exista «una imputación formal»
Precisamente este martes, el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez (PAS), afirmó ayer que «el motivo de dimisión debe ser cuando haya una imputación formal» y defendió que ese es su compromiso. «Por encima de cualquier estrategia partidista creo que hay que exigir que seamos justos», recalcó. Sánchez hace relación así al auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que el magistrado conforma la pieza relativa a las actividades de la trama Púnica en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Sánchez.
Tanto el presidente como los miembros del Gobierno regional consideran, no obstante, que la «imputación formal» equivale al momento procesal en el que la persona investigada pasa a ser encausada, es decir, cuando el juez dicta la orden de apertura del juicio oral. Otros, sin embargo, mantienen que la línea roja se sitúa antes y consideran que el terminado imputado, eliminado ya del vocabulario judicial, equivale al de investigado, con lo que la imputación se produciría en el momento en el que el juez le citara oficialmente a declarar.
El presidente de la Región dijo sentir «perplejidad» porque, según sus palabras, «nunca se firmó nada de nada» con las empresas investigadas. Además, Sánchez, en una entrevista en la Cope, acusó a PSRM y Podemos de ver en su caso judicial una oportunidad «ruin» para cargarse a un adversario político y añadió que realmente «no les interesa saber la verdad de lo que ha ocurrido».
Presunción de inocencia
Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, defendió ayer la presunción de inocencia para la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, relacionada al igual que Sánchez con el 'caso Púnica', y se mostró confiado en que el asunto volverá a archivarse como le ha ocurrido a la parlamentaria, dijo, en más de una docena de casos anteriores. «Ella me ha dicho que es inocente, que no hay nada raro. No tengo por qué dudar de la inocencia de la senadora Barreiro. Creo que es la querella 13 o 14 y todas ellas han sido archivadas, ninguna ha desembocado en nada. Confío en que sea otra circunstancia similar a las anteriores», expuso ayer el portavoz.
C´s rechaza dar tiempo
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, recordó ayer a Pedro Antonio Sánchez su compromiso, tanto escrito como de palabra, de dimitir en el caso de ser investigado por delitos de corrupción política, y rechazó darle tiempo, como había pedido el dirigente autonómico.
Girauta, advirtió asimismo de que si se hacen excepciones con el presidente de Murcia, el pacto de investidura firmado con el PP «no sirve para nada» y el objetivo de buscar la ejemplaridad política pierde su esencia.
Por otro lado, el secretario de Comunicación del PSOE en la Región de Murcia y diputado regional, Emilio Ivars, aseguró ayer que si se hubiera hecho caso a todos los imputados y condenados que han dicho ´nunca, nunca' o 'yo no he sido', mucha corrupción habría quedado impune.
En su opinión, el presidente debe ser capaz de distinguir que a mayor responsabilidad política, mayor ejemplaridad, «y eso es lo que estamos pidiendo los socialistas». Ivars le exigió además que asuma sus responsabilidades políticas, «porque hasta ahora ha demostrado que no sabe hacerlo».
