La Fiscalía Anticorrupción presentaba ayer un informe ante el instructor del caso Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con contratos para mejorar su reputación online.
En este sentido, el fiscal considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, versión que ha sostenido siempre el propio Sánchez: que no se llegó a firmar nunca nada con De Pedro.
Distinta valoración merece la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.
Considera que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Anticorrupción no encuentra sin embargo indicios de que Barreiro haya incurrido en otros dos delitos que sí le imputa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que son el de fraude y el de elevación de información reservada.
El informe de la Fiscalía Anticorrupción incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.
Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.
Anticorrupción hace otra valoración diferente respecto del otro aforado, Pedro Antonio Sánchez, por entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas, detalla el Ministerio Público.
