El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha asegurado este jueves, tras conocer que el TSJ asumirá el caso Auditorio, que su partido exigirá la dimisión del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, si el juez lo llama a declarar en compañía de un abogado. Este hecho, que hasta el cambio legislativo suponía estar imputado, es la línea roja que Ciudadanos se sigue marcando para exigir al presidente que deje el cargo.
La Sala del TSJ que ha tomado hoy la decisión de asumir la investigación del caso Auditorio estudiaba desde el pasado mes de diciembre la exposición razonada de la juez de Lorca que solicitaba que se investigara al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por cuatro delitos (prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento público) presuntamente cometido en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de esta localidad.
En estas diligencias están investigados ya una veintena de personas, entre concejales que aprobaron el concurso de obras, técnicos municipales y el arquitecto redactor del proyecto.
Pocos minutos después de que la sala diera a conocer el auto, Miguel Sánchez hacía sus declaraciones. En este sentido, ha recordado que la formación naranja y el Gobierno regional tienen un acuerdo en el que el presidente se comprometió al pacto por la regeneración democrática y de lucha contra la corrupción.
"El pacto era que si era imputado, tendría que dimitir; él dijo que si era imputado por el caso Auditorio se marcharía", ha dicho antes de añadir que si finalmente es imputado "tiene que cumplir su palabra".
Sánchez considera que el TSJ "ha hecho lo correcto" al aceptar la investigación del caso y espera que el presidente regional colabore con la justicia para "que no se dilate más este asunto".
El político ha manifestado su alegría al saber que "el caso Auditorio está más cerca de resolverse". Según ha dicho, la Región de Murcia no puede permitirse un estado de "incertidumbre; el presidente estaba más pendiente de las cuestiones judiciales que de los murcianos".
El acuerdo con Ciudadanos
La decisión tomada hoy por el TSJ puede marcar el futuro inmediato del presidente de la Comunidad, ya que el acuerdo de investidura con Ciudadanos incluye el compromiso de apartar a aquellos cargos públicos que sean imputados por delitos de corrupción política.
El cambio de la ley de Enjuiciamiento Criminal cambió la denominación de imputados por la de investigados, con lo que ese punto del acuerdo es, para muchos, interpretable. Además, en los últimos meses Pedro Antonio Sánchez ha recibido el apoyo de todos los alcaldes de la Región de Murcia, que en un documento respaldan la tesis defendida por la Comunidad Autónoma de que los políticos investigados no dimitan hasta la apertura del juicio oral en un caso de corrupción.
Desde el Gobierno regional se insistía esta mañana en que "lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia es simplemente indicar que es competente y que empieza a instruir el caso nombrando al instructor". La portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, opinaba que claro con la asunción del caso por el TSJ "se abre la oportunidad de que Pedro Antonio Sánchez pueda aclararlo todo", tras lo que sostiene que "toda la actuación es legal y únicamente está por demostrar si se pudo incurrir en algún error administrativo del expediente".
El magistrado Julián Pérez-Templado Jordán ha sido designado para ser el instructor del caso.
