El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, quiere que la Comunidad Autónoma revise el proyecto de Puerto Mayor para construir una dársena más pequeña y «dotar a La Manga de un teatro o un auditorio» y lo que denomina «la mayor zona verde de todo el municipio». La consejería de Fomento debe decidir ahora si da por caducada la concesión obtenida por Tomás Maestre en 1975 para construir un puerto deportivo en el Mediterráneo, junto al puente de El Estacio, o la prorroga, una vez que el Consejo Jurídico ha declarado nula la orden de la Dirección General de Puertos de la Comunidad de 1988 que dio lugar a casi treinta años de litigio.

Aunque la Asamblea Regional aprobó en 2016 el desmantelamiento de Puerto Mayor por acuerdo de los grupos de la oposición, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de San Javier ya avanzaron el pasado verano su intención de revisar el proyecto autorizado en 1988, que contemplaba un puerto para casi 900 embarcaciones, para sustituirlo por una dársena más pequeña, junto a una zona verde, tal y como proponían en la consulta realizada entre los veraneantes.

El alcalde de San Javier excluye totalmente la posibilidad de construir las viviendas que contemplaba la concesión de hace 42 años, «porque el Plan General de Ordenación Urbana lo prohíbe», aseguró. Luengo pretende que los terrenos disponibles se utilicen para «dotar a La Manga de equipamientos y de la mayor zona verde del municipio, con más de 150.000 metros cuadrados». También propone construir «una galería comercial con tiendas y restaurantes y un teatro o un auditorio».

Tras la resolución del Consejo Jurídico, que abre a la Comunidad el camino para declarar prescrita la concesión de Puerto Mayor, el secretario general del PSOE, Rafael González Tovar, dijo ayer que el Gobierno regional debe «amortizarlo y, de una vez, que se archive este proyecto. Desde hace años está claro que no es viable, que ha tenido sentencias claras, y ahora el Consejo Jurídico dice que se puede archivar sin ningún problema». Por el contrario, el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, dijo a Onda Regional que dar por prescrita la concesión implicaría nuevos recursos de la empresa promotora, por lo que es preciso actuar con cautela. Dijo también que el Gobierno escuchará a los ayuntamientos.