El SUP denuncia que la Policía Nacional en la Región vive una "situación límite"

Recuerda el SUP, el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, que la Región, como otras comunidades autónomas, se ve perjudicada por el hecho de que cada mes «se jubilan 350 efectivos en España» sin que se cubran sus plazas, lo que exige «la realización de servicios extraordinarios por parte de los policías, encontrándose a día de la fecha en la Región con miles de horas extras sin abonar ni compensar».

Así, asegura el sindicato que «no se puede pasar por alto el derecho de estos profesionales a que se reconozca su esfuerzo, máxime cuando se continúa llevando a cabo sin los medios de protección adecuados, sin la formación necesaria en muchos casos, y sin el descanso ni el abono económico legalmente establecido».

En la Región de Murcia y en el resto de España, lamenta el sindicato SUP, «la mala gestión afecta a los derechos de los policías y, lo que es más grave, afecta a la propia seguridad pública».

Así, a las Unidades de Prevención y Respuesta de Murcia y Cartagena «se les adeudan a día de la fecha más de 2.000 horas extras, al margen de la peculiaridad de sus servicios que hacen inviable una correcta conciliación familiar y laboral», según el comunicado de prensa del SUP.

«Es habitual que sea un solo agente el encargado de la gestión de servicios que bajo ningún concepto deberían ser atendidos con esa deficiencia, la sala del 091, que coordina cinco localidades y dos distritos, con demasiada frecuencia es atendida por tan solo dos funcionarios», subraya la nota de prensa del sindicato policial.

Los recortes de plantilla afectan también a las oficinas de denuncias, «que se colapsan y, en algunos casos, durante la mayor parte de las noches y fines de semana tiene que hacerse cargo de ellas quien se encuentre patrullando, abandonando para ello su labor preventiva en la calle, con el consiguiente perjuicio para la seguridad pública».

El Sindicato Unificado de Policía denuncia también que los agentes que están en la calle «se tienen que hacer cargo de la recepción y tramitación de las denuncias; bien sea por un robo con fuerza, bien una violencia de género, o bien la recepción de una patera, todo ello sin la formación ni los medios adecuados, sin posibilidad de aplicar los protocolos establecidos para con las víctimas, generándose un déficit de funcionarios, ofreciendo por ende un servicio de peor calidad y situando la seguridad pública en un escenario que de complicarse puntualmente resultará inabordable».