El Partido Popular va a hacer todo lo posible para que a Pedro Antonio Sánchez no se le aplique el Pacto Anticorrupción suscrito con Ciudadanos el pasado verano para la investidura de Mariano Rajoy. Y se basarán en que los delitos por los que se le acusa en el caso Auditorio (prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental) no se circunscriben en el marco de la corrupción política, entendida esta como aquellos supuestos que implican enriquecimiento personal ilícito del político implicado o financiación irregular del partido político en cuestión.
El PP cuenta para su tesis con un precedente, el del diputado por Castellón Óscar Clavell quien, como Pedro Antonio Sánchez, está acusado de supuestos delitos cometidos en su etapa de alcalde del municipio de Vall d'Uixó. A Clavell se le acusaba de prevaricación, malversación y fraude, por el presunto abono irregular de facturas a la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos.
El caso de este diputado enturbió las negociaciones entre PP y Ciudadanos de este verano para la primera investidura fallida de Mariano Rajoy. El PP se escudó, como ahora con Pedro Antonio Sánchez, en que los delitos que imputaban a Óscar Clavell eran simples errores administrativos. Ciudadanos al final aceptó las explicaciones de los populares y el castellonense continúa en el Congreso de los Diputados. No ocurrió lo mismo con Rita Barberá. En el momento en el que el Supremo decidió investigarla, Ciudadanos exigió al PP medidas contra ella.
Finalmente, la fallecida Barberá decidió darse de baja en el partido y, pese a que continuó como senadora, lo hizo fuera del Grupo Popular en la Cámara Alta.
Asimismo, otro precedente que exhiben los populares para justificar la permanencia de Pedro Antonio Sánchez en la presidencia de la Comunidad está en Andalucía, donde el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE de Susana Díaz no corre peligro pese a que en la Junta de Andalucía hay varios altos cargos que se encuentran investigados por los tribunales. El presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó respecto al caso andaluz que no era lo mismo «meter la pata que meter la mano». Sí fue inflexible Ciudadanos en lo referido a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Exigió su renuncia nada más ser imputados por el caso de los Eres.
El caso del ´dedo mágico´ ya amargó al PP regional
En la Región, el PP ya sabe cómo se las gasta C´s a la hora de exigir el cumplimiento del punto uno del acuerdo de investidura. El pasado año, la formación naranja se negó a reunirse con el Gobierno regional por mantener a la entonces alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín, que fue investigada por prevaricación (el caso del ´dedo mágico´), un asunto que luego fue archivado. El PP tuvo que recurrir al Consejo Jurídico para poder enviar los Presupuestos de la Comunidad a la Asamblea ante el bloqueo de C´s.
