El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del TSJ de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, denunció ayer la «aparente y clara descoordinación» que existe sobre el maltrato animal y abogó por una labor formativa que se extienda a todas las partes que intervienen en los casos.

Así lo ha manifestado momentos antes de presidir la reunión, que él mismo convocó y que repetirá una o dos veces al año, pionera en España, en la que se dieron cita, además de la Fiscalía, la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente; la Facultad de Veterinaria de la UMU; el Colegio de Veterinarios de Murcia; la Federación de Municipios; el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Judicial de Policía Nacional.

Lo que se pretende, dijo, es «coordinar los organismos e instituciones que se encargan de la persecución vía administrativa y penal del maltrato animal».

«Hay una descoordinación a nivel de veterinarios y Consejería y me extraña que la cantidad de asuntos que se producen en la Región al cabo del año lleguen muy pocos al ámbito judicial», afirmó Manzanera. Comentó que en 2015 sólo hay dos sentencias, dos escritos de acusación y dos querellas de Fiscalía, «un bagaje muy pobre». Y es que, subrayó, «no es admisible que ese asunto se omita de la vía penal» cuando incluso se han ampliado los tipos delictivos y cuando «la protección de los animales casi se ha equiparado a la protección de las personas físicas».

Labor de formación

El propósito de estas reuniones, cuya intención desde la Fiscalía es que posteriormente se puedan incorporar las protectoras de animales y los colectivos, es «hacer una labor de formación para todos porque hay una falta de conocimiento de en qué consiste la normativa penal y qué casos hay que llevarlos a esta vía».

La directora general de Agricultura, Dori Morales, resaltó la necesidad de que se ponga en marcha la Ley de protección y defensa de los animales de compañía que modifique la ley en vigor 10/1990 y que permita actuar, junto con la reciente reforma del Código Penal, «de forma más ágil y eficaz».