La titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lorca ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) una exposición razonada en la que solicita que se investigue al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Auditorio, al considerar que existen "indicios de responsabilidad penal en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público u oficial.

Ahora la Sala de lo Civil y Penal deberá admitir o no la exposición razonada y nombrar a un instructor para que lleve a cabo la investigación en lo que afecta al presidente regional, que está aforado por su condición de diputado regional y miembro del Consejo de Gobierno y que, por lo tanto, solo puede ser investigado por una instancia judicial superior.

Además, la juez estima que el TSJ debe investigar al resto de personas implicadas en la causa, entre los que están varios concejales del PP en Puerto Lumbreras y el arquitecto Martín Lejárraga.

El caso Auditorio se inició en marzo de 2015 tras una querella del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, dirigida contra Sánchez y otras 20 personas, al apreciar una serie de delitos en el proceso de adjudicación, construcción y recepción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de la que Pedro Antonio Sánchez fue alcalde durante diez años. La querella se dirigió en principio al TSJ, al considerar el fiscal que era el órgano competente para investigar al entonces consejero y diputado regional. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, en contra del criterio de uno de sus miembros, envió la querella a los juzgados de Lorca para que instruyera la causa. Más de un año después, el caso vuelve a la instancia superior.

Pedro Antonio Sánchez es presidente gracias a un acuerdo de investidura con el partido Ciudadanos. En el primer punto de este pacto figuraba el compromiso de ambas formaciones de que cualquier cargo público imputado por corrupción política abandonara inmediatamente sus responsabilidades.

La juez ha abierto una pieza separada del Caso Auditorio para investigar el destino de seis millones de euros.

La oposición, a la que la noticia ha sorprendido en el acto de celebración del Día de la Constitución, ha declaro claro su postura. Especialmente tajante ha sido Ciudadanos, que mantiene que si Pedro Antonio Sánchez finalmente es investigado (anteriormente imputado), debe cumplir con su palabra y dimitir.