Su objetivo era favorecer la igualdad real de las mujeres en el medio rural, de hacerlas visibles, pero no acaba de cuajar. Hace cinco años el Gobierno aprobó la Ley de Titularidad Compartida, con total apoyo de los partidos políticos. Con esta norma se pretende reconocer jurídica y económicamente lo que es un hecho en la inmensa mayoría de las explotaciones agrarias, sobre todo en las pequeñas y medianas: que debido a la actividad que ejercen, las mujeres puedan ser copropietarias al 50% con el hombre.

«La teoría y la filosofía de la ley es buena y en su día la defendimos, la apoyamos y la aplaudimos; pero en la práctica no sirve, es nula», lamenta María José Soria, responsable del área de la Mujer de la organización agraria Coag en Murcia. De hecho, desde que se aprobó, en la Región sólo una mujer se ha dado de alta como copropietaria. Otras muchas lo han intentado pero han desistido.

«Si no se articula bien y le echan ganas para que funcione como algo específico del medio rural no servirá para nada», insiste.

Según los datos que maneja el ministerio de Agricultura, del total de explotaciones agrarias de España, el 69,53% está en manos de hombres y el 30,47%, de mujeres. La adscripción a la figura de titular por un único miembro produce, de hecho, una desigualdad cuando la actividad se realiza en pareja, ya que de cara a la sociedad únicamente uno de ellos es el responsable y representante legal de la actividad.

Generalmente, el titular es el hombre, ya sea la pareja o el padre, mientras que la mujer pasa a denominarse 'ayuda familiar'. Y esta titularidad única, tal y como se desarrolla, dificulta la plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito agrario y rural.

«La ley que pretendía sacar de la sombra a la agricultora se ha convertido en papel mojado por falta de un apoyo presupuestario que permita desarrollarla», indica Soria. En concreto, critica la cantidad de trámites burocráticos que hay que llevar a cabo, el tramo de edad tan concreto y restringido para acogerse a la ley, y las bonificaciones «irrisorias» en las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras.

La titularidad compartida garantiza beneficios como el descuento de un 30 % en las cuotas de la Seguridad Social para menores de 50 años. Además, la mujer logra el reparto al 50% tanto de los rendimientos de la explotación como de las ayudas agrarias. También tienen acceso a una pensión contributiva originada por la cotización a la Seguridad Social y las personas cotitulares tendrán preferencia en formación y asesoramiento, así como trato preferente en el acceso a subvenciones de la Administración General del Estado.

«No es de recibo que sea a partir de los 50 años cuando no se pueda optar a beneficio alguno, siendo cuando más se necesita», insiste la representante de Coag, también mujer rural que tiene tierras en Moratalla.

Otra crítica se centra en el hecho de que en el caso de que se quiera incluir una actividad complementaria al campo -como una casa rural o la venta de productos manufacturados, por ejemplo-, Hacienda lo considera fiscalmente «como si fuera un hotel o una empresa como Hero».

«No se tiene en cuenta que en determinadas zonas, como el Altiplano o Moratalla, es muy difícil vivir del campo solo, siempre se necesitan ingresos complementarios», apunta Soria.

En la actualidad, en toda España únicamente hay 200 propiedades compartidas, la mayoría en Castilla y León (91) y Castilla-La Mancha (54), curiosamente, en dos de las comunidades autónomas que han aprobado incentivos para animar a las mujeres a inscribirse. La otra es Galicia.

«Nosotros decimos a las autoridades que si quieren que la Ley sea realmente una herramienta para colocar donde se merece a la mujer rural tienen que dotarla de presupuesto», insiste María José Soria. «Trabajamos en igualdad de condiciones, codo con codo, con los hombres, por lo que queremos que se reconozcan nuestros derechos y se eliminen las dificultades», añade.

Las agricultoras quieren aprovechar la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural para recordar las desigualdades que este sector sufre y que nadie parece querer evitar: «Nos cuesta más educar a los hijos, porque a menudo tienen que desplazarse a otra población para estudiar y eso nadie lo subvenciona; si no eres dependiente, aunque vivas sola en un cortijo y seas mayor, no te dan el servicio de teleasistencia; las pensiones son más bajas; y olvídate de que te concedan becas de estudio...», apunta la representante de Coag.