La titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Murcia, Fátima Saura, pidió ayer «una revisión crítica» de la ley que regula su aplicación, porque la falta de recursos económicos hace imposible ejercer una verdadera protección de la víctima.
Además, la juez (que compareció ante la Comisión especial contra la Discriminación y Violencia de Género de la Asamblea Regional) alertó del repunte de casos entre menores de edad y la desprotección que sufren las ancianas, puesto que sus maltratadores «no tienen nada que perder» si no hay plazas reservadas para ellos en centros de mayores, lo que aumenta «exponencialmente» el riesgo de atacar a sus parejas, explicó esta profesional.
Saura abogó por acabar con «la pescadilla que se muerde la cola» que supone que la mujer tenga que formular una denuncia para tener derecho a protección y ha abogado por tramitar las ayudas sin necesidad de tener que hacerlo ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
También la juez es partidaria de reforzar la sensibilización, la educación y la atención sociosanitaria para evitar que las chicas estén volviendo a aceptar conductas «intolerables», como el control del teléfono móvil por parte de sus parejas.
Desde los grupos parlamentarios, el diputado socialista Emilio Ivars apostó, en esta misma línea, por acabar con los recortes de los últimos años en esta materia, que llevaron a la disminución de entre el 20 y el 50 por ciento de las ayudas a las víctimas de violencia machista, y por mejorar la protección de los menores de edad, puesto que el 70 por ciento de las mujeres agredidas tienen hijos.
Por su parte, la parlamentaria de Podemos María Giménez solicitaba restituir todas las políticas públicas y formar al personal de los juzgados de primera instancia e instrucción de los partidos judiciales que no tienen juzgados especializados.
En la bancada de Ciudadanos, Miguel Ángel López Morell ha puesto el foco en la necesidad de aumentar las políticas educativas, ya que es «la mayor prevención para evitar episodios de violencia de género en el futuro».
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Isabel M.ª Soler, calificó de «muy ilustrativa» la comparecencia de la juez.
Soler abogó por alcanzar un Pacto contra la Violencia de Género que «defina unos principios y estrategias que deben permanecer inalterables al devenir de los acontecimientos políticos. Un consenso necesario como el que permitió aprobar la Ley Integral contra la violencia de Género en el año 2004».
«Se ha conocido que han aumentado el número de denuncias, una dato positivo en el sentido de que las campañas de sensibilización tienen efecto y están calando entre la población», señaló
«Ahora las víctimas se atreven a denunciar, antes había igualmente muchos casos pero permanecían ocultos», dijo Soler, quien considera que «se está avanzando mucho».
