No hubo contrato, ni encargo, ni intención de contratar. David Conesa, persona de la máxima confianza del presidente Pedro Antonio Sánchez y miembro de su equipo de colaboradores en San Esteban, se afanó ayer durante su declaración en calidad de investigado ante Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, por dejar claro que no se llegó a ningún acuerdo que implicara la contratación de las empresas de la trama para realizar una campaña de lavado de imagen en Internet del entonces consejero de Educación pagada con dinero público, como defiende la UCO de la Guardia Civil en un informe en poder del magistrado.

David Conesa, segun fuentes cercanas al caso, declaró durante varias horas en Madrid, sí admitió que mantuvo contactos con Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de la trama, como con tantas otras personas que pasaban por la Consejería para ofrecer sus servicios. Sin embargo, asegura que trató con ellos por pura cortesía y que nunca cerró un acuerdo con ellos para contratar sus servicios, y mucho menos para pagarlos con dinero público. Defiende, en contra de lo que dice el informe de la Guardia Civil, que no hubo intención de camuflar bajo el concepto de 'Formación' trabajos destinados a limpiar la imagen de Pedro Antonio Sánchez en la red, ya que ni siquiera había una partida presupuestaria bajo ese concepto en la consejería de Educación y Cultura, que dirigió el actual presidente antes de ganar las elecciones de 2015.

Tampoco sería posible, apuntan las citadas fuentes, que estuviera previsto que los trabajos de reputación online se cerraran a finales de octubre (días antes de que estallara el caso Púnica) para comenzar en noviembre. «El propio procedimiento de la Administración hace imposible que se pueda cerrar un contrato para ponerlo en marcha en cuestión de días», señalan fuentes del Gobierno regional.

Por otra parte, también declararon ayer ante el juez Velasco dos asesores de Pilar Barreiro en sus años como alcaldesa de Cartagena, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa. En el caso de Barreiro, el informe de la UCO sí le atribuye el hecho de haber contratado los servicios de las empresas del caso Púnica, a través del también exalcalde cartagenero José Antonio Alonso, supuestamente otro de los principales cabecillas de la trama. Asimismo, estaba citado ayer el exalcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, y una de sus colaboradoras, María García. A Contreras le atribuye Velasco supuesto cohecho.

Tras las declaraciones, el juez Velasco debe decidir si hay indicios suficientes para exigir responsabilidades al presidente regional y a Barreiro. En el caso de que sí los encuentre, deberá enviar una exposición razonada al TSJ, en el caso de Sánchez, y al Tribunal Supremo, en el caso de la senadora Pilar Barreiro.