El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, rompió ayer el lápiz. Carrillo procedió a estampar sobre papel la última firma manuscrita en la Administración regional, en este caso para la adquisición de 1.422 ordenadores de mesa con destino a los centros educativos, por un importe de 659.873 euros. A partir de ahora la Comunidad Autónoma implantará la firma digital en los documentos oficiales, lo que supone un importante ahorro de papel y tiempo y un paso más en la puesta en marcha de la Administración electrónica.
«Se trata de una administración más transparente, ágil y eficiente, abierta las 24 horas, en la que se podrá tramitar cualquier procedimiento de forma presencial o bien electrónicamente», explicó Carrillo, quien agregó que, con la Administración digital, «cualquier dispositivo electrónico se convierte en una ventanilla única».
La Administración regional tramita anualmente más de 800.000 expedientes con una media de tres firmas cada uno, es decir, que se superan las 2.400.000 firmas manuscritas, que a partir de ahora pasarán a ser digitales.
La firma electrónica permite que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento del estado de sus trámites, realicen gestiones legales a cualquier hora sin desplazamientos, agilizar las gestiones, evitar pagos de mensajería, procesar firmas de múltiples documentos de forma más rápida.
Carrillo explicó que la Administración pública «está en un proceso de cambio desde la era en papel a la digital» y subrayó que las administraciones públicas «están al servicio de la sociedad y ésta nos demanda otra forma de relación».
Los documentos que se generan electrónicamente llevan asociados tres conceptos: la confidencialidad, la integridad y la autenticidad, mediante una tecnología llamada criptografía.
Así, el contenido del mensaje solo será conocido por quienes estén autorizados y supone una tecnología más segura que la firma manuscrita, pues suplantar una identidad resulta más complejo y el contenido del documento electrónico firmado no puede ser alterado, lo que asegura la autenticación y la identidad del firmante. «La seguridad es clave, y las administraciones públicas debemos ofrecer garantías jurídicas a ciudadanos y empresas», señaló el consejero.
