Ejercer el derecho a saber lo que hace la Administración, que la ley de la transparencia confiere a los ciudadanos, está tropezando con interferencias imprevistas. El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región, José Molina, aseguró ayer que se están produciendo «amenazas y persecuciones» hacia personas que han solicitado información sobre ciertos contratos de la Administración pública. José Molina, que presentó ayer la consulta pública de los Presupuestos participativos de la Comunidad Autónoma, junto al jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, en un acto celebrado en la plaza Santo Domingo de Murcia -con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, que se celebra el 28 de septiembre-, precisó que estas coacciones procedían de empresas concesionarias de servicios públicos, que han llamado a los firmantes de la consulta preguntándoles los motivos de su pregunta.

José Molina, que preside el Consejo de la Transparencia constituido por el Gobierno regional en julio de 2015, considera que el hecho de que las empresas concesionarias que han sido objeto de una consulta dispongan de información sobre las preguntas de los ciudadanos acerca de su contrato hace pensar que se está produciendo una filtración desde la propia Administración.

Molina no precisó qué contratos han dado lugar a las llamadas de las empresas aduciendo que se trata de casos que están siendo investigados todavía, aunque dejó claro que «estamos recibiendo denuncias de gente que está siendo perseguida y amenazada porque está preguntando». Añadió que estas empresas incluso piden explicaciones sobre los motivos que tiene el ciudadano para preguntar. «No queremos que esto se convierta en una za de brujas», apuntó. Señaló igualmente que el objetivo no es actuar como «el Gran Hermano», sino «conseguir una sociedad más equitativa», un objetivo que contempla como la asignatura pendiente de la Transición.

José Molina defendió el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre el proceso que ha seguido cualquier expediente administrativo, al tiempo que alertó de que no se puede utilizar el silencio administrativo como escudo para racanear los datos y dar carpetazo a las solicitudes.

A su juicio, «corrupción no es solo meter la mano en la caja. También es corrupción favorecer a un amigo o saltarse el turno». Aunque cree que «la corrupción es inherente al ser humano», confía en que las pautas sociales mejoren si se forma a «los 300.000 alumnos de la Región».