El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha citado a declarar, en calidad de investigados, a una serie de colaboradores cercanos al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y a la senadora del PP por Murcia Pilar Barreiro, para aclarar la relación que mantuvieron los empresarios de la trama con instituciones públicas de la Región de Murcia.

El magistrado ha citado para el 4 de octubre en la Audiencia Nacional a David Conesa, asesor de Pedro Antonio Sánchez, a dos cercanos colaboradores de Barreiro cuando era alcaldesa de Cartagena (Francisco Ferreño y María del Mar Conesa) y también al exalcalde de Molina Eduardo Contreras y a una colaboradora suya, María García Rivas.

El objetivo del juez es que aclaren si desde las instituciones públicas se contrataron los servicios de las empresas de la trama Púnica para que hicieran trabajos, pagados con dinero público, para mejorar la reputación online de Pedro Antonio Sánchez, cuando era consejero de Educación, y de Pilar Barreiro, cuando era alcaldesa. Velasco investiga si se han cometido presuntos delitos de fraude y malversación de caudales.

Un informe de la UCO de la Guardia Civil ya alertaba al juez de la posible responsabilidad penal del actual presidenteUCO Guardia Civil posible responsabilidad penal del actual presidente, asegurando que su jefe de gabinete, David Conesa, llegó a cerrar un contrato con Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas de la trama, para mejorar la reputación en Internet de Pedro Antonio Sánchez. Este trabajo, que según la UCO iba a ser pagado con dinero público y camuflado bajo el concepto 'formación', no se llegó a ejecutar debido a que se inició la operación policial que acabó con la red Púnica.

Desde el Gobierno regional mantienen que jamás hubo algún encargo, contrato o pago por parte de la Comunidad a las empresas investigadas.

Pedro Antonio Sánchez gobierna gracias a un acuerdo con Ciudadanos, que le obligaría a dimitir en el caso de ser imputado por delitos de corrupción política. Tanto Sánchez como Barreiro están aforados, por lo que solo podrían ser citados a declarar por el TSJ, en el caso del primero, y el Tribunal Supremo, en el caso de la senadora. Si finalmente Velasco ve indicios de delito, debería enviar una exposición razonada a ambos tribunales para que estos decidan.

«No se puede confiar»

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, señaló ayer en un comunicado que la Audiencia Nacional «es contundente y no deja lugar a dudas», y añadió que ahora «la única incertidumbre es saber qué excusa pondrá el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, para salir del atolladero judicial en el que se encuentra».

El portavoz de Podemos aseguró que los murcianos «no se merecen tener un presidente que para lavar su imagen, mancha la de toda la Región». Urralburu lamentó que «no se puede depositar confianza alguna en él». Para el de la formación morada, Pedro Antonio Sánchez «ha dicho falsedades en comparecencia pública y por tanto, no creemos en la honestidad de su gestión al frente del gobierno regional», sentenció.

Por último, Óscar Urralburu aprovechó su comunicado para recordar las últimas declaraciones de Sánchez en la Asamblea Regional, en las que dijo que su partido llevaba basura a la Cámara. Asimismo, incidió en que «a Podemos no le parece que un auto judicial sea basura, aunque nos huelen muy mal los hechos que en él se reflejan, y seguiremos preguntando al Presidente por su implicación, porque nos parece que es, evidentemente, de interés público», concluyó.

Reacción del Gobierno

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, recordó que ya se aportó al juez toda la documentación y certificados oficiales que demuestra que no hubo ningún tipo de relación con dicha trama y esperan que esa información resulte útil y permita que todo se aclare cuanto antes.