La Comunidad Autónoma garantiza la devolución del 37% de la extra de 2012 a los 50.000 funcionarios de la Administración regional aunque la falta de acuerdo para constituir nuevo Gobierno obligue a prorrogar los Presupuestos del Estado para 2017. El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, reiteró ayer las dificultades que la interinidad del Gobierno en funciones impone a la hora de elaborar los presupuestos de la Administración regional para el próximo año, pero garantizó la devolución de la parte de la paga que queda pendiente en Murcia. Sin embargó, dejó en el aire la subida salarial para 2017. Los funcionarios han tenido este año una revisión del 1%, la primera tras cinco años de recortes.
El Ejecutivo regional alcanzó un pacto con los grupos parlamentarios de la oposición el pasado mes de junio que contemplaba la devolución el próximo año del 37% de la extra suprimida en 2012. Aunque PSOE, Podemos y Ciudadanos intentaron que los 40 millones pendientes se abonaran este mismo año, los tres grupos aceptaron que el abono se aplazara hasta principios de 2017, ante la falta de ingresos.
Andrés Carrillo, que ayer presentó los Presupuestos Participativos a las organizaciones de artesanos, dejó claro que la devolución de la extra es una decisión que corresponde exclusivamente a la Comunidad, mientras que la subida salarial de los funcionarios se establece en los Presupuestos del Estado para los empleados públicos de las tres administraciones en todas las comunidades. Ante la posibilidad de que no haya un pacto de investidura y se prorrogue el presupuesto de 2016, Carrillo considera que no es posible garantizar una revisión salarial del 1% en la nómina de 2017.
El consejero de Hacienda explicó que la prórroga de las cuentas de este año provoca una gran incertidumbre en la elaboración del presupuesto de la Comunidad, dado que el 80% de los ingresos que alimentan la maquinaria de la Administración regional proceden del Estado, lo que condiciona totalmente la disponibilidad de recursos. Esta dependencia resulta determinante en le caso de Murcia, dado que la contención del déficit y la devolución de la deuda (casi 8.000 millones) obligan a aquilatar al máximo el gasto para cumplir los objetivos establecidos.
La Consejería tiene de plazo hasta el 31 de octubre para presentar en la Asamblea Regional el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad, pero previamente ha de presentar en el Parlamento autonómico el techo de gasto, en el que debe reflejar las partidas de ingresos con las que podrá contar el próximo año. En función de esta cantidad, que contempla la aportación estatal a través de la financiación autonómica, la recaudación de los impuestos que gestiona la Comunidad y los programas de inversión cofinanciados entre las distintas administraciones, se determinará el gasto que podrá permitirse la Administración regional el próximo año. También el techo de gasto depende directamente de las pautas que establezcan los Presupuestos del Estado. En 2016 la Comunidad cuenta con un presupuesto de unos 4.100 millones, una cantidad con un escaso margen de maniobra, teniendo en cuenta los ajustes que está exigiendo Bruselas.
