Los municipios de la Región consideran que tienen derecho a compartir con la Comunidad Autónoma los ingresos que la Administración regional recibe como titular de la desaparecida Diputación Provincial y quieren negociar con el Gobierno una ley que les garantice los ingresos para mantener los servicios que prestan. El presidente de la Federación de Municipios, el alcalde socialista de Lorquí, Joaquín Hernández, asegura que ha planteado la reivindicación de los consistorios murcianos al presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y a la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, que están dispuestos a empezar a negociar a partir de septiembre.

Los ayuntamientos se consideran la administración peor tratada en la distribución de los ingresos del Estado, dado que apenas reciben entre el 12 y el 14% de los recursos que obtiene el Estado. Sin embargo, Joaquín Hernández recordó que los consistorios siguen costeando muchos servicios que deberían sufragar otras instituciones, como los conserjes de los colegios o la limpieza de los centros sanitarios. Añadió que los ayuntamientos solo disponen de los ingresos que les proporciona el IBI y los que aporta el Estado para financiarse.

Aunque la reforma legislativa pretendía reasignar a cada institución las competencias que realmente está obligada a cumplir, estableciendo el principio de «cada servicio, una administración», en la práctica no se ha avanzado, dado que la crisis ha impedido a la Comunidad asumir unos gastos para los que no tenía presupuesto. En el caso de los servicios sociales, que debían pasar obligatoriamente a las autonomías, el Gobierno regional aprobó una ley que le permitía demorar el rescate de las tareas que vienen prestando los ayuntamientos mediante «una delegación de competencias». Así se hizo posible la firma de convenios que contemplan la transferencia del dinero desde la Comunidad a los consistorios para que todo siguiera como antes.

«La ley se aprobó, pero lo único que ha hecho ha sido complicarnos las cosas», aseguró el presidente de la Federación de Municipios. Su objetivo en este momento es «partir de cero para ver cuánto cuestan estos servicios y qué cantidad estamos poniendo cada uno. Lo importante es que haya una Ley de Financiación Local que permita a cada uno saber cuánto le corresponde». Añadió que en el reparto del gasto tampoco está suficientemente valorado ahora el coste del personal municipal.

Joaquín Hernández explicó que la Comunidad tampoco ha compartido nunca los ingresos que recibe como titular de la extinta Diputación Provincial, al ser Murcia una comunidad uniprovincial. Por el contrario, en las provincias que tienen Diputación este dinero se reparte en inversiones en los municipios, que son los miembros de las corporaciones provinciales.

Añadió que las únicas aportaciones que reciben de la Comunidad son las inversiones destinadas a los planes de obras y servicios, que en otros momentos alcanzaban presupuestos cuantiosos, pero en los últimos ejercicios han quedado reducidos a unos pocos millones. Joaquín Hernández confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta legislatura, para establecer unos porcentajes y una fórmula de reparto que permita a los consistorios saber con qué recursos pueden contar.

El Ejecutivo creará una mesa de trabajo en septiembre

La Comunidad Autónoma ha anunciado la creación de una mesa de trabajo con la Federación de Municipios para abordar la financiación municipal y mejorar el reparto de los recursos destinados a la financiación de los servicios. «El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez tiene una vocación municipalista y lo demuestra con sus medidas», ha asegurado el Ejecutivo que preside Pedro Antonio Sánchez. A partir de septiembre, la Comunidad y la Federación de Municipios, que preside el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, «van a trabajar de manera conjunta para clarificar las competencias entre ayuntamientos y la Administración regional, y determinar, en el caso de que los ayuntamientos prestasen servicios propios de la Comunidad Autónoma, qué financiación sería necesaria». El Ejecutivo murciano también espera alcanzar un acuerdo a lo largo de esta legislatura.