El funcionario de la consejería de Educación a quien el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, tomará declaración el día 13 de este mes en calidad de testigo no aporta en la carta que mandó al magistrado, que ha motivado que sea citado a declarar, ninguna prueba contra el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.

En la misiva, que obra en poder de esta Redacción, el empleado público únicamente afirma que, tres días antes de que «saltara el escándalo», se produjo una reunión en la consejería de Educación que entonces dirigía Sánchez, entre Alejandro de Pedro y un colaborador suyo, con David Conesa, hombre de confianza del jefe del Ejecutivo, a la que habría asistido Enrique Ujaldón, que figuraba en el equipo directivo del entonces consejero y ahora continúa en el departamento de Educación como director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos. Ujaldón, por su parte, niega su presencia en esta reunión, asegurando que no conoce a Alejandro de Pedro. Esta supuesta reunión ya estaba recogida en el informe que realizó la UCO de la Guardia Civil, que no mencionaba la presencia de Ujaldón.

En la misiva, el firmante se identifica como funcionario de la consejería de Educación, pero no revela su identidad por miedo «a represalias personales y profesionales». «Es de dominio público entre los funcionarios de la Consejería que las reuniones a las que se refiere el citado informe de la UCO existieron», señala la carta, que añade que «una simple prueba testifical o el registro de visitas de esos días puede ratificar una reunión que todos sabemos que se celebró».

Es la única parte destacable del escrito. En otro párrafo, el firmante le dice al juez Velasco que «en los mentideros murcianos, sobre todo en los políticos, sindicales y periodísticos, se viene comentando con insistencia que si hasta el momento los señores Sánchez, Conesa y Ujaldón no han sido imputados ha sido por unas probables injerencias políticas». Relaciona también el hecho de que el presidente no esté imputado en el caso Púnica con la visita que el exdiputado Vicente Martínez-Pujalte realizó a la Fiscalía General del Estado.

Además, el funcionario se refiere a «una reunión de trabajo» que habrían mantenido los abogados de Pedro Antonio Sánchez con los de los otros murcianos investigados en el caso Púnica (el exconsejero Juan Carlos Ruiz, su jefe de gabinete y dos exdirectora generales) para «establecer una estrategia conjunta para revocar el proceso judicial».

El informe de la UCO de la Guardia Civil señalaba que Pedro Antonio Sánchez tenía intención de contratar a una de las empresas del caso Púnica para que limpiara su imagen en Internet, a través de un contrato camuflado con el concepto de 'formación' que iba a ser abonado con dinero público. La Benemérita, basándose en mensajes de Whatsapp, habla de supuestas reuniones en Madrid entre Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la trama, y el actual jefe del Ejecutivo regional.

Por su parte, el Gobierno de la Región de Murcia sostiene que «jamás se contrataron los servicios que ofrecieron las empresas investigadas» en el caso Púnica, y que tampoco hubo encargos para que prepararan contratos. Por lo tanto, «no salió ni un solo euro de las arcas de la Comunidad Autónoma para estas empresas». Es más, aseguran que desde el equipo de Pedro Antonio Sánchez se dio siempre largas a las reiteradas ofertas de la trama.