La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cuestiona la ley murciana que prohíbe las gasolineras sin personal y obliga a mantener al menos un empleado durante el día. La Comisión dio a conocer ayer un informe en el defiende este tipo de estaciones de servicio low cost. Destaca que en ocasiones se justifica la regulación establecida por las comunidades autónomas en el mantenimiento del empleo, la seguridad de la instalación o la protección de los consumidores, cuando, por el contrario, la imposición de contar físicamente con una persona resulta «especialmente injustificada y no se corresponde con la evidencia disponible en la UE y en España».

En la Región hay entre 25 y 30 gasolineras sin personal, según indicó el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, Francisco Pellicer. En total, el número de gasolineras ronda las 250. Las denuncias de la patronal que preside Pellicer llevaron a la Comunidad Autónoma a aprobar una ley que prohíbe mantener abiertas las gasolineras sin trabajadores durante el día.

También Madrid, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana las han prohibido o han establecido una regulación que les impide funcionar como autoservicio. Sin embargo, la Comisión de la Competencia considera que ponen barreras a la apertura de este formato de gasolineras, entre las que figura, «en particular, la obligación de contar con la presencia física de una persona». Añade que es «un formato habitual» en numerosos mercados de la UE y que la competencia no ha originado «mayores riesgos para la seguridad del usuario y sí ha reportado beneficios para los consumidores en términos de mayor variedad, innovación y, especialmente, menores precios».

La directora general de Industria de la consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Esther Marín, considera que una gasolinera es «una instalación sensible, que debe estar vigilada en previsión de que se produzcan problemas de seguridad, accidentes e incluso actos vandálicos». Esther Marín precisó que Murcia va a mantener las limitaciones establecidas y quitó importancia a las críticas de la Comisión de la Competencia señalando que se trata de «un simple informe». Recordó que el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley murciana aprobada en la Asamblea Regional, pero lo retiró. No obstante, apuntó que «la filosofía de la normativa europea tiende hacia la liberalización», por lo que España tendrá que adaptar su reglamentación.