El Gobierno regional reclamará al ministerio de Medio Ambiente la recuperación de las tuberías de salmuera selladas por la Confederación Hidrográfica del Segura para impedir que los residuos agrarios contaminen el Menor Menor.
El presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, que ayer reunió en el palacio de San Esteban a los representantes de las organizaciones agrarias y a los regantes del Campo de Cartagena, se comprometió a respaldar las reivindicaciones de los agricultores para conseguir que el nuevo decreto de sequía contemple también la legalización de los pozos y de las desalobradoras que dejaron de funcionar a medida que las conducciones de desagüe quedaban anuladas para evitar el vertido de nitratos que llegaba a la laguna a través de la rambla de El Albujón.
De ser aceptada esta reivindicación, el ministerio de Medio Ambiente se vería obligado a realizar la misma obra por segunda vez en lo que llevamos de siglo. La conducción que las máquinas han venido sellando en los últimos meses fue construida por el mismo Departamento en el año 2001 con el propósito de llevar hasta la planta desalobradora de El Mojón, en San Pedro del Pinatar, los vertidos que han estado llegando al Mar Menor.
Se trata de una red de tuberías de 67 kilómetros de longitud, que equivale a la distancia entre Murcia y Cehegín. La obra tuvo un presupuesto millonario en su momento, que sufragó el Ministerio. Aunque la conducción hasta San Pedro no llegó a terminarse, permitió a los regantes abrir pozos y poner en marcha unas 2.000 plantas desalobradoras para tratar las aguas subterráneas con las que no habrían podido regar debido a su elevada concentración de sal. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Segura niega que muchas de estas captaciones tengan autorización y ha abierto 124 expedientes por la apertura de pozos ilegales, que fueron remitidos a la Fiscalía.
El acuerdo adoptado ayer entre Pedro Antonio Sánchez y los agricultores incluye también la apertura de pozos de sequía en el río Segura, el adelanto de los 8 hectómetros cúbicos solicitados a los regantes de la cuenca y el desbloqueo de las compras de agua a las comunidades de regantes manchegas de Estremera y La Poveda, además de la máxima explotación de las desaladoras. El nuevo decreto de sequía debe contemplar también las impulsiones y balsas para distribución de las aguas de la desaladora de Águilas al valle del Guadalentín.
El presidente de Coag en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, recordó la urgencia de las medidas solicitadas, dado que «hay 12.000 hectáreas de cítricos que ha empezado a secarse».
La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que compareció en rueda de prensa con los representantes de las organizaciones agrarias al terminar el encuentro, destacó «la unidad» entre el Gobierno regional y las organizaciones como un elemento clave para conseguir que las reivindicaciones de los agricultores queden plasmadas en el nuevo decreto de sequía que el Consejo de Ministros deberá aprobar el próximo mes de septiembre, antes de que acabe el año hidrológico.
Martínez-Cachá también planteó «la urgencia» de las medidas solicitadas y la necesidad de que el Ministerio de «una respuesta ágil y rápida a las necesidades de la Región». El Ejecutivo murciano y los agricultores tratarán de incluir también la apertura de pozos de sequía en la cuenca del Segura, además del adelanto de los ocho hectómetros cúbicos que los regantes del Trasvase han pedido a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para devolverlos con caudales adquiridos a la desaladora de Escombreras.
Esta ha sido una de las reivindicaciones más polémicas, dado que el presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, se resiste a autorizar otro préstamo al Trasvase, debido a la resistencia de los regantes de las vegas. Ródenas contempla además la posibilidad de que el regadío
tradicional, ahora en situación de prealerta, pueda acabar el año hidrológico en alerta.
Vicente Carrión apuntó que, si no es posible esperar a que la planta de Escombreras aporte los 8 hectómetros cúbicos que le han comprado los regantes, dado que la desaladora del Ente Público del Agua tiene una capacidad muy limitada y tardaría demasiado tiempo en producir los caudales, el Trasvase los devolverá con el agua del Tajo.
Por su parte, el presidente de la comunidad de regantes del Campo de Cartagena, Francisco Sáez, recordó que estos ocho hectómetros cúbicos, sumados a la compra a las comunidades manchegas de Estremera y La Poveda, completarían los 11 que necesita el Campo de Cartagena para acabar el año hidrológico, que termina el 30 de septiembre. Ni los regantes ni la titular de Agricultura aludieron al trasvase de socorro que reclaman los agricultores para salvar las plantaciones, aunque sí se trató su petición.
