El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, dejó claro ayer en La Unión que no renuncia a construir una dársena deportiva en La Manga, a pesar del acuerdo adoptado por la Asamblea Regional para que el Gobierno declare caducada la concesión de Puerto Mayor, después de 30 años de litigios. El jefe del Ejecutivo murciano dijo ayer durante su visita a Portmán que quiere que se mantenga el puerto situado en aguas del Mediterráneo junto al puerto de El Estacio, aunque con un proyecto «diferente al que había», que fue paralizado en 2005.
La consejería de Fomento ha remitido al Consejo Jurídico el expediente sobre la concesión obtenida en 1975 por la empresa del fallecido Tomás Maestre para que este órgano consultivo diga si la Comunidad debe anular todas las actuaciones autorizadas en Puerto Mayor desde 1988, cuando la dirección general de Puertos ordenó modificar el proyecto original para construir una dársena destinada a grandes yates, tal y como falló el TSJ en 2010. La orden de Puertos fue recurrida por la Agencia de Medio Ambiente del Ejecutivo murciano y quedó anulada por el Consejo de Gobierno, pero dio pie a la concesionaria a dar por prorrogada la concesión y abrió un contencioso que dura treinta años.
La documentación que Fomento ha enviado al Consejo Jurídico no entra a dilucidar sobre la caducidad de Puerto Mayor, a pesar del acuerdo adoptado por la Asamblea Regional hace varios meses. Rivera explicó que la decisión de dar por prescita la concesión en poder de los herederos de Tomás Maestre se tomará a partir de la resolución que adopte el Consejo Jurídico. Aunque el presidente regional ha hecho declaraciones en las que se mostraba partidario de la caducidad, ayer dejó claro que apuesta por seguir adelante con una alternativa diferente, «que sea compatible con el entorno de La Manga».
Pedro Antonio Sánchez retoma así la idea del anterior Gobierno, que durante años negoció con la concesionaria la posibilidad de reiniciar un nuevo diseño partiendo de cero, que fuese cumpliendo todas las exigencias legales y no incluyera las viviendas que aparecían en el proyecto que se empezó a ejecutar en 2004 y que en 2005 fue suspendido por orden judicial a instancias de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Por otra parte, la entrada de las máquinas a la obra suspendida desde hace once años ha abierto un nuevo frente en el largo contencioso. La consejería de Fomento ha ordenado el cese de los trabajos, que se atribuyen a la retirada de las estacas metálicas clavadas en el fondo del mar para soportar la estructura del puerto, según anunció la concesionaria a la organización ecologista Anse.
