Meterse en el mar cuando ondea la bandera roja en la playa puede suponer más de un serio problema tanto para el bañista como para el socorrista en caso de cualquier problema, pero además, el disgusto también se lo puede llevar el bolsillo del que haga caso omiso a las advertencias de seguridad. La mayoría de municipios ya cuentan con ordenanzas que prohíben expresamente esta cuestión y que contemplan sanciones que pueden llegar desde los 601 euros hasta los 3.000.

No obstante, pese a que cada localidad regula este aspecto, ninguno de los ayuntamientos de la Región con costa ha tramitado multas a ciudadanos que se hayan bañado con la bandera roja ondeando. Según algunos gobiernos locales, el hecho se debe a que los usuarios son más responsables y hacen más caso a los socorristas, aunque es cierto que este verano el temporal apenas ha dejado días en los que se haya tomado la decisión de prohibir el baño por el estado del mar. De hecho, según indicaron a LA OPINIÓN desde el ayuntamiento de Mazarrón, durante los meses de julio y agosto aún no se ha puesto la bandera roja en las playas del municipio.

En la costa este de la Región sí que se han dado jornadas de fuerte viento de Levante que ha provocado la máxima precaución en el baño, dando lugar a que algunos ciudadanos hayan hecho caso omiso a las advertencias de los voluntarios de Protección Civil.

De hecho, en las playas cartageneras el pasado fin de semana los socorristas tuvieron que advertir a numerosos bañistas que abandonaran el agua al ondear la bandera roja. «Cambió el tiempo y tuvo que establecerse la prohibición del baño, lo que a muchos ciudadanos que se encontraban en el agua no les gustó, pero la seguridad es lo primero y poco a poco fueron abandonando el mar», explicaron desde el Ayuntamiento. Y es que, los servicios de emergencias de cada localidad actúan en un primer momento con una advertencia y si la actitud de los usuarios persiste tienen potestad para llamar a las autoridades locales para elaboren la correspondiente denuncia.

Sin regulación

La situación provoca que pese a que los bañistas están llevando a cabo una infracción catalogada como «muy grave», ya que no sólo ponen en peligro sus vidas sino también las de los voluntarios de Protección Civil, en la ordenanza de la mayoría de municipios de la Región, los usuarios sólo reciben una advertencia. Incluso hay zonas en las que no existe la regulación de uso y disfrute de playas, como es el caso de San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, aunque «sería deseable contar con ella», tal y como reconoció el jefe de Protección Civil de esta segunda localidad, Sergio Gil.

En el caso de Los Alcázares, al contar con todos sus arenales en el Mar Menor, la concejala de Turismo, Maite Olmos, señaló que en los últimos años nunca ha ondeado la bandera roja. No obstante, en el municipio de San Pedro sí que hay playas que dan al Mediterráneo, por lo que para el próximo año contarán con una ordenanza en este sentido, según admitieron desde el Ayuntamiento. Llevan todo un año trabajando en el texto y confían en que el verano de 2017 ya sea una realidad.

El resto de municipios sí que cuenta ya con la normativa, aunque con diversa aplicación. Es más, sólo en Cartagena se han registrado sanciones en los últimos años. En concreto, se produjo una en 2015 y otra en 2014, pero ninguna en el resto de localidades de la Región.

En cuanto a las sanciones, cada ayuntamiento es responsable de establecer su propio baremo. Así, mientras que los Consistorios de Águilas, San Javier y Mazarrón catalogan la infracción como «muy grave», con penalizaciones que van desde los 1.501 euros a los 3.000; municipios como Lorca y Cartagena estiman que se trata de una infracción «grave», por lo que la cuantía de la multa queda entre los 751 y los 1.500 euros. El caso de La Unión es distinto, ya que pese a que también contempla la infracción como una falta «muy grave», la horquilla de la multa va desde los 601 euros a los 3.000.

Desde los ayuntamientos apelaron a la responsabilidad de los bañistas y recordaron que cualquier ciudadano que se bañe con bandera roja se enfrenta a una multa, siempre y cuando las autoridades puedan probarlo.