La organización ecologista Anse asegura que la concesionaria de Puerto Mayor se ha comprometido a desmantelar la obra para retirar las planchas metálicas que plantó hace diez años en el mar con intención de reciclarlas. El portavoz de la organización, Pedro García, reprocha a la Comunidad que interfiera la retirada de la estructura abandonada en La Manga junto al puente de El Estacio, que lleva más diez años de deterioro a la intemperie, al exigir la paralización de los trabajos y abrir una expediente sancionador, tal y como informó ayer LA OPINIÓN. Pedro García también criticó a la consejería de Fomento por incluir el puerto deportivo del Mediterráneo entre las propuestas para La Manga que el Ejecutivo someterá a consulta popular, en contra del acuerdo de la Asamblea Regional a favor de la caducidad de la concesión obtenida por el fallecido Tomás Maestre en 1975, al considerarlo un intento de justificar la continuidad del puerto. «No nos vamos a dar por vencidos. Nos veremos en el camino, porque están demostrando que no han aprendido nada, a pesar de lo que ha ocurrido en el Mar Menor. Si esta es la forma de rectificar, que no pida perdón el presidente», manifestó el dirigente ecologista.

Por su parte, el diputado del PSOE Joaquín López exigió ayer al Gobierno que cumpla el acuerdo del Parlamento autonómico e impida cualquier obra en Puerto Mayor «mientras que no cumpla con la caducidad de la concesión que tiene pendiente. Exigimos a Pedro Antonio Sánchez que cumpla con la ley y con su compromiso de declarar la caducidad de las obras».

Ante el desconcierto que ha provocado la vuelta de las máquinas al interior de la playa vallada desde el año 2005 el portavoz de Anse explicó que existe «un acuerdo verbal» de la concesionaria para desmantelar Puerto Mayor e interpreta la paralización de las obras ordenada por Fomento como «una apuesta por la consolidación» del proyecto, que fue paralizado por orden judicial al carecer de las autorizaciones del ministerio de Medio Ambiente para invadir el Dominio Público Marítimo y de la declaración de impacto ambiental.

Por su parte, el titular de Fomento, Pedro Rivera, respondió que la Administración regional «no entiende de acuerdos verbales» y defendió las actuaciones de la dirección general de Puertos, que ha ordenado la paralización de la obra. Rivera explicó que no se puede realizar ningún tipo de trabajo en Puerto Mayor, «porque las obras quedaron paralizadas por orden judicial en 2005», y defiende que se pregunte a los ciudadanos si quieren un puerto. «El Gobierno no va buscando ningún subterfugio, sino que quiere saber lo que piensan los vecinos. Por eso se abre la consulta sobre una serie de proyectos, no solo sobre el puerto», indicó.