El asesor de varias empresas que emitieron presuntamente facturas falsas por valor de siete millones de euros por trabajos no realizados en las obras del AVE del Levante llegó a «percatarse» de que las mismas no tenían la actividad que sus promotores le habían dicho inicialmente. Así se recoge en el acta de la declaración prestada por C.F.M., investigado en la causa.
La operación César investiga el presunto fraude al Administrador de ADIF, que podría superar los 17 millones, y que se habría cometido a través del sobrecoste en las facturas o con la emisión de otras que no se correspondían con trabajos hechos.
En cuanto a la mecánica para la emisión de las facturas, reveló que las extendía por indicación de J.F.N., que acudía a la asesoría provisto incluso de los sellos de las empresas y de un tampón, indicándole el número de orden que debía poner en las mismas. Los agentes le preguntaron por qué gestionó estas empresas que facturaron la citada cantidad a la sociedad subcontratada para realizar las obras del tramo del AVE comprendido entre Crevillente y Murcia «cuando ninguna de ellas tenía actividad conocida ni trabajadores suficiente ni facturas de gastos». El declarante manifestó que «cuando un cliente va a su despacho puede seguir trabajando o dejar de hacerlo. Si no sigue trabajando, no cobra, y si sigue, tiene la esperanza de cobrar, por lo que continuó unos meses hasta que se cansó».
Por otro lado, aseguró que no recordaba quién le había dado la orden de que declarara el inicio de actividad de esa empresa, aunque suponía que habría sido la apoderada de la misma, F.N., hija de J.F.N.
