16 de los 45 municipios de la Región todavía tienen que someterse al Plan de Regularización del Catastro que lleva a cabo el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que está rastreando, utilizando satélites y drones, el territorio español en busca de construcciones que no estén regularizadas.
Según fuentes de la dirección general del Catastro en la Región, los drones ya han examinado los municipios de Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alguazas, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Fortuna, Jumilla, La Unión, Librilla, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla. En estas inspecciones, se han detectado casi 21.000 nuevas construcciones que estaban sin regularizar. Además, se localizaron 7.473 piscinas en situación ilegal, según los datos del ministerio de Hacienda, publicados por este periódico esta misma semana.
El hecho de que los drones vayan a unos municipios antes que a otros se debe a que se ha empezado por aquellos cuyas revisiones catastrales generales fueron más antiguas, según indicaron desde la dirección general del Catastro, que añadieron que actualmente se encuentran «en ejecución» los municipios de Águilas, Archena, Beniel, Cehegín, Fuente Álamo, Mazarrón, Ricote y Villanueva del Río Segura.
De aquí a final de año, los satélites y los drones examinarán los términos municipales de Alcantarilla, Alhama, Los Alcázares, Las Torres de Cotillas, Ojós y Ulea, entre otras, cuyas actualizaciones catastrales han sido más recientes.
El Catastro viene realizando esta investigación desde 2014 mediante fórmulas tecnológicas sin precedentes en España y, tras descubrir fraude en los citados inmuebles, ha generado una recaudación extraordinaria en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 1.254 millones, según el balance oficial del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que ha beneficiado sobremanera los ingresos municipales.
En concreto, para las arcas de la ciudad de Murcia el descubrir estas construcciones y legalizarlas ha supuesto todo un balón de oxígeno desde 2014: Son 59,2 millones los recaudados ahora sólo por el ayuntamiento capitalino.
El impuesto del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) ha sido clave para los ayuntamientos en los años de crisis, hasta representar la mitad de los ingresos que obtienen las corporaciones y convertirse en esenciales para que éstas registraran un superávit inalcanzable hasta ahora para la Administración Central y las comunidades autónomas.
