El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del TSJ, José Luis Manzanera, ha solicitado para los implicados en la denuncia por la contaminación del arco sur del Mar Menor una fianza «por los daños morales y físicos» ocasionados a los vecinos de las asociaciones de 'Mar de Cristal-La Loma' y del Camping Villas de Caravaning de La Manga. Además, exige al juzgado de instrucción número 2 de Cartagena el «inmediato corte hidráulico» y «sellado» de uno de los tres canales roturados sobre el terreno en la zona, antes de que la actividad contaminante denunciada comporte «un perjuicio de imposible o muy difícil reparación en un futuro».
Esta es la segunda parte de la denuncia de la Fiscalía, que ya ha sido admitida a trámite por la titular del juzgado encargado del caso, María Pascual Hernández. En ella, Manzanera señala a más de una decena de personas y empresas propietarias de fincas de cultivos intensivos agrícolas en el arco sur de la laguna que podrían haber cometido -según la acusación pública- cuatro delitos: contra la ordenación del territorio, por la construcción irregular de canales y balsas no autorizadas en suelo no urbanizable; contra el medio ambiente, que castiga vertidos en las aguas que perjudican gravemente el equilibrio de los ecosistemas naturales; contra el Patrimonio Histórico, por daños a yacimientos arqueológicos, y un delito de usurpación de agua.
Se les acusa, además de la construcción de tres canalizaciones (una paralela al camping, una entre los cultivos y, la tercera, paralela al lado derecho de la carretera que une la urbanización de Islas Menores y Mar de Cristal con la autovía RM-12), de la destrucción de los abancalamientos existentes, que permitían el drenaje natural de las aguas pluviales, impidiendo así las inundaciones. Como consecuencia, cuando hay lluvias las aguas, que arrastran todo tipo de sustancias y productos utilizados por las explotaciones agrícolas, van a parar a las viviendas y al Mar Menor, «lo que ha producido y está produciendo graves efectos contaminantes por arrastre de abonos, pesticidas, fertilizantes y estiércol, así como fuertes olores -por el depósito de esos vertidos en la playa- y plagas de insectos».
El Ministerio Fiscal insiste en la «extrema importancia y urgencia» de la adopción de medidas cautelares, «en orden a evitar que se cause un perjuicio irreparable al bien jurídico protegido, al medio ambiente y a la salud de las personas, y en orden a garantizar que pueda restaurarse en el futuro». Ante ello, Manzanera solicita «el inmediato corte hidráulico del canal y su relleno, con apercibimiento al denunciado de incurrir en un delito de desobediencia» en el caso de no acatar el dictamen del juez. Por otro lado, reclama el afianzamiento de la cantidad en que se valoren los daños morales y físicos sufridos por los afectados, una vez que se concreten los mismos
Una vez admitida a trámite la denuncia, el fiscal de Medio Ambiente aconseja a la juez incoar diligencias previas a fin de esclarecer los hechos y determinar quiénes son los responsables, por lo que solicita -además de la ratificación pericial de la Consejería, el ayuntamiento de Cartagena y la Urbanización Mar de Cristal- la toma de declaración como investigados de los denunciados y de diferentes testigos (entre vecinos afectados y agentes de la Guardia Civil para ratificar el atestado del Seprona).
Preocupación por el subsuelo
En el mismo escrito, Manzanera destaca el peligro por la posible afección a los acuíferos existentes en la zona: Cuaternario y Plioceno.
«La Guardia Civil ha podido constatar el depósito de una gran cantidad de estiércol sin autorización ninguna, afectando al menos a la Ley del Suelo», asegura el fiscal, mientras recuerda el 'Código de Buenas Prácticas Agrarias' de la consejería de Agricultura, «de obligado cumplimiento para los agricultores de la zona», que exige entre otras obligaciones, que se deben evitar escorrentías a zonas de dominio público hidráulico, «lo cual no solo se ha incumplido, sino que incluso se ha incentivado a raíz de la construcción de las infraestructuras anteriormente citadas».
La denuncia señala a la mercantil Costa Cartago S.L. como propietaria de la parcela que acoge el mencionado depósito sin autorización administrativa.
Actualmente, el fiscal José Luis Manzanera tiene abierta otra causa por la contaminación del Mar Menor -que afecta a la Rambla del Albujón-, y cuya resolución se espera para después del verano.
