La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene abiertos expedientes sancionadores a todos los titulares de las parcelas de cultivos de regadío que no tienen derechos de riego y que se enfrentan a un posible delito de usurpación de aguas, recogido en el artículo 247 del Código Penal. Este es uno de los hechos que recoge en su primera denuncia por daños al Mar Menor el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del TSJ de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, y que investiga la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena.

El organismo de cuenca matiza que las actuaciones por estos hechos las realizaron previamente a la denuncia de la Fiscalía, tal y como informaron al ministerio público en septiembre de 2015.

La Comisaría de Aguas de la CHS abrió los expedientes sancionadores al amparo de la Ley de Aguas, en su apartado de uso privativo de aguas sin autorización, y, según fuentes del organismo de cuenca, suelen ser «leves». Sin embargo, el expediente puede derivar en casos más graves «en función del número de infracciones cometidas».

Las multas leves son inferiores a 10.000 euros; las menos graves, oscilan entre 10.000 y 50.000 euros, y las muy graves, van desde los 50.000 a 500.000 euros.

Por su parte, el fiscal lo tipifica como un presunto delito de usurpación de aguas, recogido en los artículos 247 y 624.2 del Código Penal, que recoge explícitamente como: «Distraer de su curso o de su embalse natural o artificial las aguas de uso público o privativo, sin estar autorizado». Asimismo, hace una distinción entre delito y falta por la cuantía (400 euros), según «la utilidad reportada».

El fiscal, en el escrito remitido al juez, hace mención de los titulares de las parcelas destinadas al cultivo intensivo agrícola denunciadas y que «carecen de derecho de riego según la CHS, captado el agua de forma ilegal». Estos propietarios son: Mariano R. M; Agrícola San Ginés S.A.; Convasa S.A.; Suniter S.A.; Herbuma S.A.; Explotaciones Mineras y Agrícolas Moreno S.L.; Carmen S. M., Juan Andrés L., S. y Miguel Ángel L. S.; Ans Inversiones Mediterráneo S.L.; y Costa Cartago S.L.

Díaz Manzanera insta a la juez instructora a que, dentro de las diligencias abiertas, pida a la CHS que concrete las parcelas agrícolas que cita en su informe que no tienen derecho a riego y la procedencia del agua.

A su vez solicita a la jueza que pida a la CHS que «concreten los posibles daños a los acuíferos de la zona por las actividades agrícolas con uso de nitratos».

EMASA explica

Por otra parte, la mercantil Emasa Empresa Constructora S.A., propietaria de sendas parcelas en el arco sur del Mar Menor ha explicado, a través de un portavoz, que ellos no explotan los terrenos, sino que los tienen arrendados a otra empresa.

Emasa es una de las firmas denunciadas por el fiscal como propietarias de los terrenos donde se producen hechos que pueden ser constitutivos de, al menos cuatro delitos. Esta mercantil tiene dos parcelas en la zona, con una extensión conjunta de 248.191 metros cuadrados.

Asimismo, el portavoz añadió que según le ha comunicado la empresa arrendataria «ellos no realizan ningún vertido» a la laguna, ya que utilizan riego por goteo; y que «la CHS les controla el pozo de agua que utilizan». Tampoco usan, comentó, productos que pudieran ser dañinos para el medio ambiente.