El abogado murciano Diego de Ramón, que representa a la acusación popular en el caso de supuesta corrupción urbanística Novo Carthago, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia que impute al expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. De Ramón también ha pedido a la juez que requiera a la Agencia Tributaria una investigación que permita conocer el patrimonio que el exjefe del Ejecutivo regional pudiera tener «en España y en el extranjero».

El letrado también solicita la imputación de toda la familia del expresidente y actual vicepresidente del Parlamento Europeo como posible beneficiaria «a título lucrativo de los efectos de los delitos investigados». Aunque admite que la juez, Miriam Marín, no podría imputar al expresidente del Ejecutivo regional, dado que está aforado, presenta su solicitud con la pretensión de que la titular del Juzgado remita la causa al Supremo para que cite a declarar a Valcárcel como imputado.

Tras el auto dictado el pasado viernes por la titular del Juzgado que continúa las investigaciones iniciadas por el magistrado del TSJ Manuel Abadía, el letrado Diego de Ramón ha remitido un escrito a la juez en el que resume las conexiones entre la empresa promotora de la urbanización Novo Carthago, Hansa Urbana, y su presidente, Rafael Galea, con la hija de Valcárcel, el yerno y un cuñado, Juan Francisco Cruz Alfaro, hermano de la esposa del ahora vicepresidente del Parlamento Europeo.

En nombre de la acusación popular, De Ramón solicita a la juez que requiera el apoyo de la Agencia Tributaria para hacer un seguimiento de las propiedades que el europarlamentario pueda tener «en toda España y en el extranjero, dada la relevancia de su cargo y sus continuos viajes por todo el mundo». Recuerda en su escrito los ingresos en su cuenta de Cajamurcia realizados por el yerno de Valcárcel, Fulgencio Perán, tras la boda con María del Rosario Valcárcel, y las incógnitas en torno al regalo nupcial que la pareja pudo haber recibido del presidente de Hansa Urbana.

Añade igualmente que Rosario Valcárcel trabajó para el despacho Syjeq, «domiciliada en Jerez de la Frontera, un bufete que realizaba trabajos para Hansa Urbana, que llegó a ser algún año su mejor cliente, con más de un 40% de su facturación».

La hija y el yerno de Valcárcel están citados para prestar declaración como imputados en las próximas semanas. El letrado solicita además la imputación de los demás familiares de Valcárcel que, «sin haber participado directamente en la comisión de los delitos investigados, pudieran resultar responsables como partícipes a título lucrativo de los efectos de los delitos investigados». Pide igualmente que «se les tome declaración para determinar su grado de conocimiento y participación, por si pudieran ser responsables asimismo del delito de encubrimiento del artículo 451.3-a del Código Penal». No obstante, el letrado admite la necesidad de mantener «el principio de proporcionalidad» a la presunción de inocencia.

Por otra parte, solicita el mismo tratamiento para la familia del exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, también imputado.