La investigación del caso Novo Carthago vuelve a salpicar a la familia Valcárcel. Aunque el expresidente regional no puede, por ley, ser investigado (figura anteriormente conocida como ´imputado´) porque le ampara su aforamiento (es europarlamentario), tres familiares suyos tendrán que ponerse en los próximos días delante de la juez de Instrucción que se hace cargo de la causa.

En concreto, la juez ha citado como investigados a Rosario Valcárcel Cruz, hija del expresidente de la Comunidad Autónoma, y al esposo de esta, Fulgencio Perán.

A través de una providencia, se cita en la misma condición a Juan Francisco Cruz Alfaro (hermano de la esposa de Valcárcel, Charo Cruz), y a sus socios en una empresa inmobiliaria Juan Sánchez Carrillo (hermano del que fuera concejal en Murcia con Miguel Ángel Cámara y padre de la actual edil Lola Sánchez, Antonio Sánchez Carrillo) y José Alberto Meroño García.

En este caso, que se dilata ya años en los tribunales, investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort Novo Carthago, que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

Ahora, estas diligencias se llevan a cabo para determinar si el presidente de Hansa Urbana -promotora de Novo Carthago-, Rafael Galea, entregó regalos de boda a la hija y al yerno del expresidente del gobierno murciano.

Las investigaciones en marcha tratarán de determinar si esos regalos fueron entregados con intención de favorecer la ejecución del proyecto urbanístico, que fue planificado sobre terrenos protegidos y que, por tanto, no eran urbanizables.

Una boda por todo lo alto

Rosario Valcárcel Cruz y Fulgencio Perán contrajeron matrimonio en octubre del año 2007 en la iglesia de San Miguel, en pleno centro de Murcia. Fue una ceremonia que contó con invitados de la talla de los artistas Antonio Campillo y Molina Sánchez (ya fallecidos ambos) y de políticos como el entonces alcalde de Murcia (y ahora imputado también en distintas causas de presunta corrupción), Miguel Ángel Cámara; el exconcejal Sánchez Carrillo, y el que fuera ministro con Aznar, el cartagenero Federico Trillo.

Asimismo, fueron invitados los consejeros que en aquel momento formaban parte del gabinete del presidente Valcárcel, como Antonio Cerdá, José Ballesta y Pedro Alberto Cruz, entre otros.

También asistieron a la boda el pintor José María Falgas, el empresario Luis del Rivero, y el entonces presidente territorial de la CAM, Ángel Martínez.

La ceremonia congregó a numerosos curiosos en la calle, para ver a los invitados y aplaudir en especial a la novia y su padre, que la llevaba del brazo, sonriente.

Allá por marzo de 2015, el magistrado de la sala de lo Civil y Penal del TSJ Manuel Abadía apuntaba que Rafael Galea había regalado a Rosario Valcárcel, a raíz de su matrimonio, «una cantidad económica fuera de todo uso social o convención en materia de regalos de boda».

Además, Manuel Abadía señalaba entonces que del estudio de los pagos realizados por Hansa Urbana a personas y sociedades «han aparecido múltiples indicios unidireccionales e inequívocos que apuntan todos a Ramón Luis Valcárcel Siso» y a «testaferros» como sus cuñados y su propia hija primogénita.

El juez también remarcó entonces que Galea habría contratado a la hija del presidente de una forma que levantaba, a su juicio, sospechas. Abadía apuntaba a que Hansa Urbana facilitó su contratación en un despacho de abogados de Sevilla, pese a que no vivía en Andalucía, «ante la situación tan anómala y escandalosa que representaba tenerla contratada en Alicante». El magistrado sostuvo que la hija del expresidente percibía más retribución que el resto de trabajadores del despacho y que llevaba los asuntos de uno de los principales clientes de la empresa sevillana.

No quedaría ahí la historia. El magistrado Manuel Abadía hacía entonces referencia en el tercer fundamento jurídico «a los regalos y dádivas en efectivo encontrados en las cuentas corrientes de la hija de Valcárcel», en las que ha hallado «entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se ajustan a las fuentes de rentas conocidas y declaradas en el IRPF por sus titulares».

El instructor destacaba «treinta operaciones llevadas a cabo por importe de 1.000 euros cada una de ellas que se realizan el día 27 de septiembre de 2007, entre las 8.29 y las 8.34 horas, en un intervalo de cinco minutos, antes de que la propia oficina abriera al público y todas ellas llevadas a cabo por Fulgencio Perán».

Ahora, la providencia dada a conocer ayer añade que estos nuevos cinco investigados por cohecho deberán prestar declaración los días 29 de junio y 11 de julio.

En otra resolución del mismo Juzgado, en la que se desestimaba un recurso de Galea, se indicaba, en cuanto a Valcárcel, que este órgano no era competente para investigarle, ya que, al ser aforado, la competencia correspondía al Tribunal Supremo.

No obstante, añadía que el expresidente regional sí podía acudir a declarar de forma voluntaria si lo creía oportuno.