«Se ha mandado todo», aseguraba ayer por la mañana el decano de los jueces de Murcia, Lorenzo Hernando. «Han tenido que correr secretarios y juzgados, pero en principio todo bien», aseveraba. Hernando se refería a que tal día como ayer, 6 de junio, se cerraban 14.352 casos en la Región de Murcia. Con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si una instrucción judicial cumple seis meses sin que el fiscal solicite una ampliación de plazo (a 18 meses), porque se califique como compleja, tiene que cerrarse. Y a juicio oral.

Los primeros afectados por la nueva ley son los que estaban abiertos antes del 6 de diciembre del 2015. «Se ha pagado un poco la novatada», admitía Hernando, que espera que, a partir de ahora, «todo vaya sobre ruedas».

Fuentes del TSJ confirmaban en la mañana de ayer que solamente quedaban 144 asuntos por revisar, y que, dado que eran pocos, estaba previsto que se mirasen a lo largo de la jornada. Desde el gabinete del Tribunal detallaron que el partido judicial que dejó más casos para última hora era el de Yecla (40 asuntos), seguido por el de Jumilla (31 asuntos).

En toda España, los juzgados han archivado provisionalmente más de 44.000 causas penales por no tener autor conocido durante los seis primeros meses de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se han revisado más de 346.000 procedimientos.

Alfonso X ya lo hacía

Por su parte, la coordinadora de Jueces para la Democracia (JpD) en Murcia, Concha Roig, recuerda que «poner plazos a la instrucción es una cosa que no es de ahora: las partidas de Alfonso X ya establecían que, si en dos años no se había podido demostrar la culpabilidad de una persona, había que dejarla en libertad».

¿Qué es lo que va a pasar? «La ley dice que no procederá el sobreseimiento. Los casos no se podrán archivar, a no ser que no haya pruebas o no haya autor. Aquellas causas en las que no haya elementos para acusar, habrá que sobreseerlas. Pero no se archiva ningún caso», remarca.

A juicio de Roig, «si hubiese habido una previsión de impacto económico, se habrían reforzado oficinas judiciales y fiscales».