Una supuesta privatización del Registro Civil que, según denuncia Comisiones Obreras, ha vuelto a dejar entrever el Gobierno central (actualmente en funciones) afectaría en la Región de Murcia a 78 funcionarios, además «a los intereses de los ciudadanos, que verán mermados sus derechos de acceder a la justicia gratuita», indicó la coordinadora del sector de Justicia de Comisiones en la Región, Getrudis Peñalver.

Asimismo, «si se privatizan más procedimientos civiles, como los ya iniciados de Jurisdicción Voluntaria y también los que se llevan en el Registro Civil, trasladaros a profesionales con cargo a la ciudadanía, volveríamos a estar otra vez con la incertidumbre de qué pasaría con estos funcionarios, dónde se reubicarían, etcétera», añadió Peñalver.

Desde Comisiones subrayan que «todas estas gestiones e intenciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, se están haciendo de espaldas a los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia». Además, exigen a los distintos partidos que se pronuncien sobre este asunto.