El Gobierno regional ha devuelto la minuta que presentó el procurador que representó a la Administración regional en el juicio contra la compañía del grupo ACS Hydro Managemente, propietaria de la desaladora de Escombreras. Esta sociedad reclamó en 2014 unos 560 millones como pago adelantado del contrato, además del lucro cesante.

De acuerdo con el informe de los Servicios Jurídicos que aconsejó al Gobierno exigir una rebaja de los honorarios al procurador y al abogado defensor, el Ejecutivo ha pedido a ambos que reduzcan sus minutas, que suman casi un millón de euros.

Igualmente, el Gobierno regional ha dado instrucciones al apoderado de la empresa pública Desaladora de Escombreras para que inicie «inmediatamente» los trámites necesarios para cambiar el domicilio social desde el despacho del abogado Andrés Arnaldos a las dependencias de la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente en la plaza Juan XXIII.

Por otra parte, la comisión de la Asamblea Regional que investiga los contratos de la planta decidió ayer que el 6 de julio acabarán las comparecencias con representantes de Banesto, el banco que dio el préstamo de 114 millones para construir la desaladora; del grupo ACS, empresa constructora y explotadora de la instalación, así como trabajadores despedidos en abril; y el director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena, José Pedro Vindel, informó Efe.

Con estas comparecencias, dijo el presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, «se cerraría el círculo» y comenzaría la fase de redacción y votación del dictamen de conclusiones que, en caso de ser aprobado por la mayoría, pasaría para su validación en pleno.

Los contratos de la desaladora y las pérdidas que ha arrojado su gestión están siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas y dos juzgados de instrucción.