El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha ampliado un mes más el secreto sobre las investigaciones en torno a la desaladora de Escombreras, que abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía. La titular del Juzgado, María del Mar Azuar, está estudiando ahora la documentación recabada por la Policía Judicial durante los registros realizados el pasado 17 de mayo en la planta, en la sede que la empresa pública Desaladora de Escombreras tiene en la consejería de Agricultura en el despacho del abogado Andrés Santiago Arnaldos.

La Fiscalía había denunciado la existencia de presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude, a los que se suman ahora un posible soborno, que reveló la grabación realizada por un proveedor de la desaladora en la que aparece pagando una mordida a un empleado. La planta, que es propiedad de la empresa del grupo ACS Hydro Management, la tiene alquilada la Comunidad Autónoma, que distribuye los caudales tratados a los regantes y a urbanizaciones del Campo de Cartagena a través de la empresa pública Desaladora de Escombreras.

Por otra parte, el 18 de mayo dos agentes de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos de Madrid se presentaron en el ayuntamiento de Cartagena para ver la documentación relativa a las autorizaciones y licencias concedidas por el Consistorio para la construcción y apertura de la desaladora.