El portavoz de Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, declaró ayer que si el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, resulta investigado por el caso Púnica o el caso Auditorio «tendría que irse», aunque confesó que hace «votos» para que no eso ocurra.

En declaraciones a los periodistas antes de la Comisión Especial de Investigación sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras en la Cámara autonómica, Sánchez admitió que en Ciudadanos están «muy preocupados» porque «se acumulan» los casos de presunta corrupción sobre «el primero de todos los murcianos».

Para el portavoz parlamentario de Ciudadanos, que permitió la llegada al Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez mediante un acuerdo de investidura, el último informe de la UCO incorporado a la instrucción del juez Eloy Velasco sobre la trama Púnica puede ser uno de los motivos por los cuales el presidente murciano es «tan laxo, tan poco reivindicativo y no lucha absolutamente nada contra la corrupción política que asola la Región de Murcia».

«Firmó un acuerdo de investidura por el que se comprometía a arrinconar la presunta corrupción política y esto es uno de los motivos por los que presuntamente no lo hace», aseguró Sánchez, antes de indicar que es «absolutamente grave» que un presidente regional esté «bajo sospecha» y que «no sólo no persigue la corrupción sino que es la corrupción la que presuntamente la persigue a él».

Preguntado por si está pensando romper el acuerdo de investidura y forzar la dimisión del presidente murciano o su salida del Ejecutivo mediante moción de censura, Sánchez matizó que esa situación ocurriría «en el momento en que se le impute». «Si lo imputan por cualquiera de los dos casos que tiene ahora mismo encima de la mesa por presunta corrupción política, tendría que irse, sin ninguna duda», apostilló.

Asimismo, el portavoz regional de Ciudadanos exigió a Pedro Antonio Sánchez y al Partido Popular regional que «reflexionen», ya que «la pelota está en su tejado», puesto que no puede haber un presidente «bajo sospecha, continua y sine die, por irregularidades penales».