El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, no se tendrá que preocupar directamente por el caso Auditorio hasta dentro de un tiempo. La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca, donde se instruyen las diligencias iniciadas tras una querella de la Fiscalía Superior de la Comunidad por la adjudicación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, ha ordenado nuevas comparecencias para el próximo 6 de julio, lo que muestra claramente que la instrucción va todavía para largo.

El jefe del Ejecutivo regional es uno de los querellados, pues la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras tuvo lugar cuando era alcalde de la localidad, entre 2003 y 2013. El juzgado investiga si, como sostiene el fiscal, hubo irregularidades el proceso de adjudicación de la obra, que se financió con una subvención de seis millones de euros de la Comunidad, y si el Ayuntamiento recepcionó el edificio sin que los trabajos estuvieran terminados. Por su condición de aforado, Pedro Antonio Sánchez no puede ser investigado por un juzgado ordinario. Así, en el caso de que la jueza encuentre indicios de delito contra él, deberá redactar una exposición razonada y enviarla a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que debería decidir si la admite o no y, en el caso de que se decida a investigar, nombrar a un instructor y tomar declaración al presidente autonómico.

Así, con las nuevas diligencias que se practicarán en Lorca, donde se tomará declaración al director de la obra por parte de la constructora Ecisa, Sánchez se asegura, como mínimo, celebrar con tranquilidad su primer año al frente del Gobierno. El presidente, que gobierna sin mayoría absoluta, firmó un acuerdo de investidura con el partido Ciudadanos cuyo primer punto decía que los imputados (ahora investigados) por corrupción política deberían dimitir. C's ya ha dicho que se plantearía presentar una moción de censura en el caso de que Pedro Antonio Sánchez no cumpliera su compromiso.