El Partido Popular ha abandonado la comisión que investiga la desaladora de Escombreras ante las acusaciones del abogado Diego de Ramón contra el expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel.

De Ramón, que ha comparecido esta mañana, junto con otros cuatro letrados, también ha pedido a la Policía que "detenga a los responsables de esta maquinación".

Al terminar ha entregado a la comisión investigadora un informe que no se le ha permitido leer durante su comparecencia.

El diputado del PP Juan Luis Pedreño ha mostrado su disconformidad con la comparecencia del letrado, al que ha reprochado que no haya presentado ninguna prueba. "Usted tiene algo personal contra la familia de Valcárcel", ha dicho el parlamentario antes de marcharse.

El letrado, que ha dirigido sus acusaciones directamente con el expresidente Valcárcel, le ha respondido que la mayor parte de los 15.000 folios acumulados desde que la Fiscalía inició la investigación que ahora está siguiendo el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia los ha presentado él.

Los representantes del PSOE, C'S y Podemos en la comisión investigadora han criticado la actitud de los parlamentarios del PP que han abandonado la comisión, calificándola de "falta de respeto".

Diego de Ramón, el abogado que presentó la primera denuncia en la Fiscalía que ha dado lugar a la investigación judicial sobre la desaladora de Escombreras, ha asegurado ante la comisión investigadora de la Asamblea Regional que el fraude urbanístico en la Región asciende a "medio billón de euros".

Ha precisado que solo los terrenos adquiridos por la empresa Hansa Urbana para construir la urbanización Novo Carthago junto al Mar Menor han costado 800 millones".

De Ramón culpa de "la trama" al expresidente regional Ramón Luis Valcárcel. "Es la trama de Murcia, la trama de Valcárcel", ha reiterado.

Considera que "la desaladora ha dado cobertura a la recalificación de 180 millones de metros cuadrados, con 800.000 viviendas, que habrían elevado la población regional a cinco millones de habitantes".

Ha dicho que el auto del magistrado Manuel Abadía sobre la investigación de Novo Carthago, en el que se recoge un fragmento de una conversación atribuida a Carlos Valcárcel, hermano del expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, confirmaría la conexión de la desaladora con las recalificaciones urbanísticas que han aprobado los ayuntamientos adheridos a los convenios con el Ente Público del Agua. "No lo digo yo, lo dice el auto del juez", reitera.

Añade que, el caso de soborno a personal de la desaladora que cobraban una mordida a los proveedores, según se aprecia en una grabación en vídeo, no es el único. "Tengo más cintas", ha apuntado De Ramón al diputado de Podemos Antonio Urbina.

El parlamentario ha precisado que cualquier información expuesta ante la comisión que ponga en evidencia la existencia de posibles delitos será enviada a la Fiscalía.

También ha dicho ante la comisión que ha sido perseguido él y su familia. "Me han perseguido y me han pinchado los teléfonos", ha afirmado.

Ha considerado que la Intervención y los Servicios Jurídicos de la Comunidad no hicieron nada hasta que Valcárcel salió del Gobierno, en 2014.

Arnaldos

A Diego de Ramón le ha precedido el letrado de la empresa pública Desaladora de Escombreras y exsecretario del Ente Público del Agua, Andrés Arnaldos, que defendió a la Comunidad cuando la empresa del grupo ACS Hydro Management, propietaria de la planta, reclamó al Gobierno cerca de 600 millones en los tribunales

Arnaldos ha afirmado que la cifra de más de 678.500 euros que figura en su minuta corresponde a los costes del pleito contra la empresa propietaria, que exigía por por adelantado los pagos correspondientes a los 25 años del contrato, además del lucro cesante.

Sumando la minuta de Arnaldos a la del procurador, la representación de la Comunidad en el pleito con las empresas del grupo ACS se eleva a casi un millón de euros.

Arnaldos ha asegurado que no ha cobrado nada por representar a la Comunidad en el pleito.

Precisó que los honorarios que aparecen en su minuta es la cantidad en la que estima el coste del pleito con Hydro Management y que él tiene una iguala de algo más de 1.000 euros con la Comunidad, que dejó de cobrar cuando llegaron los recortes

Cuando el diputado del PSOE Jesús Navarro le ha preguntado por qué fue registrado su despacho el día que el Juzgado de Instrucción número 5 ordenó también el registro de la desaladora ha dicho: "No tengo nada que ocultar. Ya me han devuelto parte de la documentación que se llevaron, que está a disposición del Juzgado y de esta comisión".

Andrés Arnaldos ha explicado ante la comisión que Hydro Management se ofreció a vender la desaladora por el precio de coste a la Comunidad, lo que habría permitido rescindir el contrato de alquiler y el resto de obligaciones de pago que tiene asumido el Gobierno regional.

A su juicio, la operación no pudo realizase porque el déficit de la Comunidad Autónoma le impedía tomar la decisión sin la autorización del ministerio de Hacienda, ante el elevado déficit que arrastraba la Administración regional.

Añadió que «si se hubiera mantenido el proyecto inicial, la Comunidad no hubiera puesto ni un euro».

El portavoz de C's, Miguel Sánchez, le pregunta como se puede informar los convenios, cuando eran necesarios 153 hectómetros cúbicos, cuando ahora solo da 10, y Arnaldos ha dado a entender que se había contemplado la posibilidad de llegar a acuerdos con la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Tras la comparecnecia de Arnalos y de De Ramón han comparecido los abogados del letrado Ariño de Madrid que asesoró al Ente Público del Agua cuando firmó los contratos con el grupo ACS. Los tres letrados de este despacho se han acogido a declarar en secreto ante la comisión

Los diputados del PP abandonan la comisión parlamentaria que investiga la desaladora de Escombreras ante las acusaciones del abogado

De Ramón: "Pido a la Policía que detenga a los responsables de esta maquinación"