El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez tiene prácticamente terminado el Plan Regional de Familia 2016-2019, uno de sus principales compromisos electorales, que será el primer paso para una posterior ley regional que garantice la protección y ofrezca facilidades a todas las familias de la Región, sean del tipo que sean.
El plan es un proyecto transversal en el que trabajan todas las consejerías, con la coordinación de Familia e Igualdad de Oportunidades, la que dirige Violante Tomás, y tiene que pasar todavía un complejo trámite administrativo hasta su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno, recibiendo informes del Consejo Regional de Servicios Sociales, del Consejo Sectorial de Infancia y Familia y del Consejo Económico y Social, entre otros organismos. No obstante, las cinco líneas estratégicas básicas del mismo ya están muy perfiladas.
La primera línea del Plan es la protección social y económica de las familias de la Región, con un conjunto de medidas que pretenden abordar la inclusión activa tanto en lo referente al empleo como en las rentas y servicios. Una de las novedades será que las cargas familiares se valorarán como criterio de prioridad a la hora de acceder a ayudas y servicios de la Administración pública. Así, habrá ayudas para la contratación de personas de 45 o más años en desempleo prolongado y con cargas familiares. Uno de los objetivos del Ejecutivo es impulsar la creación de nuevas familias, por lo que se incrementará el apoyo social y económico a los jóvenes de la Región para que formen sus familias y se concederá «una especial protección» a las embarazadas en el periodo de la gestación, el parto y el puerperio.
En esta primera línea estratégica se incluye además «la revisión de los criterios económicos de cálculo de ingresos familiares, estableciendo un criterio único para la aplicación de prestaciones y servicios que tengan en cuenta los ingresos y composición del grupo familiar», según fuentes de la consejería de Familia.
La segunda línea estratégica tiene que ver con la conciliación, la igualdad efectiva y la corresponsabilidad. Este apartado tiene un carácter más formativo, incluyendo cursos y talleres sobre igualdad de oportunidades para docentes, alumnos e incluso padres. A los responsables de las AMPA se les formará en igualdad de género y corresponsabilidad, y también se desarrollarán campañas en los institutos públicos para prevenir el ciberacoso de género.
La línea 3 aborda la «prevención y parentalidad positiva», es decir, evitar comportamientos violentos y disfunciones que puedan afectar al adecuado desarrollo físico, emocional y cognitivo de los menores. Se incluyen medidas como la elaboración de un mapa de necesidades y recursos de atención a la infancia «y el impulso de la coordinación estable entre el sistema sanitario, el educativo y los servicios sociales para el diseño de una estrategia global de actuación ante situaciones de riesgo en la infancia».
El cuarto apartado del plan se centra en las familias de especial consideración, entendiendo estas como las numerosas, las monoparentales, las que tienen entre sus miembros a personas mayores y/o con discapacidad, o aquellas en las que se viven situaciones de violencia. El plan recoge acciones como una estrategia global de prevención ante situaciones violentas, que incluirá una guía. La línea quinta, por su parte, está orientada a la coordinación institucional e interadministrativa.
