Los agentes de la Policía Judicial que han registrado la desaladora de Escombreras también han entrado esta mañana en la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, en la plaza Juan XXIII.
En la sede del departamento de Adela Martínez-Cachá se encuentran las dependencias de Esamur, la entidad que asumió la gestión de los caudales desalados en la planta de Escombreras cuando desapareció el Ente Público del Agua como consecuencia de los ajustes en el gasto público.
El objetivo de esta intervención era, previsiblemente, recabar documentación sobre el desaparecido Ente Público y sobre las autorizaciones concedidas por Medio Ambiente para la construcción de la planta y el vertido de la salmuera en el fondo marino.
Más registros en inmuebles y oficinas
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de Murcia han registrado hoy varios inmuebles y oficinas de distintos puntos de la Región, entre ellos uno en el centro de la capital, en el marco de la investigación judicial sobre presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude, entorno a la desaladora de Escombreras.
Según fuentes próximas a la investigación, estos registros, que se suman al iniciado esta mañana en la propia desaladora, han sido llevados a cabo a instancias del Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, quien ha declarado secretas las actuaciones.
La desalinizadora está gestionada por las empresas Hydromanagement y Tedagua, del grupo ACS, y según fuentes oficiales de la Comunidad Autónoma, el gobierno autonómico ha pagado 94 millones de euros por el alquiler.
El Gobierno regional, según informó la consejera portavoz, Noelia Arroyo, a principios de mayo, envió el pasado julio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el expediente de la desaladora de Escombreras, y a finales de septiembre al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea Regional, donde hay abierta una comisión de investigación sobre esta infraestructura.
