La exdiputada del PP Ana Torme denunció el 15 de junio de 2015 los hechos por los que un juzgado de Valladolid ha abierto diligencias contra ella y su compañero de partido Vicente Martínez Pujalte, exparlamentario de Murcia en el Congreso por esa circunscripción, al que acusa de haberla engañado.

En la denuncia que presentó Torme en la Fiscalía de Valladolid y a la que ha tenido acceso a Efe, la exdiputada del PP señala además a Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y Alejandro Ballestero como pagadores a la empresa Sirga XXI Constructores, de la que era socia al 50 % junto a Pujalte.

En su escrito, Torme acusa a Pujalte de ocultarle datos sobre las empresas que les pagaban y que pertenecían a algunos de sus amigos del Partido Popular y asegura que ella tenía el convencimiento de que se trataba de firmas regidas por empresarios y no por políticos.

"Lo verdaderamente trascendente para mí es que, disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada, tres personas vinculadas a mi partido, dos de las cuales eran muy próximas a mí, facturaban a mi empresa sin que yo lo supiera", explica.

Ese desconocimiento dice que le hace dudar, incluso, de la veracidad de las facturas emitidas, de los pagos efectuados y, por consiguiente, de la realidad de los trabajos.

Buena parte del contenido del escrito coincide con la denuncia que la Fiscalía de Valladolid presentó contra Torme y Martínez Pujalte, entre otros, por delitos de falsedad documental y cohecho que habrían cometido por los pagos recibidos de la constructora Corporación Llorente (Collosa) y otras empresas por informes simulados.

Al mismo tiempo que acordó abrir diligencias, el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid decidió inhibirse en favor del juzgado decano de Madrid al entender que los hechos ocurrieron en Madrid y no en Valladolid.

Torme explica que Pujalte le propuso que se asociaran para crear una empresa de asesoramiento, estudio, representación y publicación de trabajos, en principio dirigida a la representación y gestión de derechos de autor de un grupo de músicos amigos suyos.

La empresa, Sirga XXI Consultores S.L., constituida en octubre de 2008, nació "con ilusión", en una relación basada en la confianza y la amistad y tras años de experiencia trabajando juntos en el Congreso, dice Torme, quien señala que el proyecto inicial no llegó a desarrollarse por causas que ella desconoce.

Pujalte le propuso ampliar el abanico de actividad de la empresa, con la publicación de informes y servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero o jurídico.

El trabajo de captación de clientes fue asumido íntegramente por Pujalte, quien en noviembre de 2008 le comunicó que un nuevo consejero delegado de la empresa Corporación Llorente le había fichado como asesor y le facturaría los servicios de consultoría y asesoramiento que iba a hacer "personal y exclusivamente él y a cobrar por sí mismo", añade.

Dice que le explicó que el nuevo consejero había contactado con él para asesorarse, pero no le dijo que anteriormente ese trabajo lo desempeñaba Federico Trillo.

Con fecha de 27 de noviembre se emitió una factura a esa empresa por importe de 15.000 euros. "Desconocía por completo y no me informó en ningún momento de que era un contrato mensual que había arrancado en el mes de octubre, por tanto antes de constituir la sociedad", asegura Torme.

Sirga fue consiguiendo más trabajo, como la confección de un libro sobre cajas de ahorro españolas cuyos directores fueron el propio Pujalte, Jordi Sevilla y Luis de Guindos y que ella coordinó.

En todo momento, acusa a Pujalte de ser quien captaba los clientes y hacía informes que ella "difícilmente" podía participar dada su profesión (es licenciada en Geografía e Historia).

Algunos de esos trabajos, detalla, los subcontrató a una tercera persona, también economista, Miguel Marín, que cuando ella se marchó de Sirga se incorporó como socio, y empresas como Scardovi SL y Karistia SL.

El administrador de Scardovi, según Torme, era el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, mientras que el de Karistia era Gustavo de Arístegui y Alejandro Ballestero figuraba como administrador de Mind Talent SL.

Entre las empresas que supuestamente pagaron los informes simulados y además de Collosa, figuran la Cámara de Comercio de Badajoz, editorial Aranzadi, la Confederación Regional de Empresas Extremeñas, Atento, CES Extremadura o Marcenado Economistas.

Torme asegura que pidió reiteradamente a Pujalte que la desvinculara públicamente de Sirga, empresa que había dejado en 2011, y que explicase que nunca participó en los informes investigados.

Añade que Pujalte no sólo "no aclaró esos hechos" sino que alimentó las interpretaciones sobre su participación tanto en los encargos que recibía Sirga como en los beneficios.

Detalla además en su denuncia lo que ganaba cada uno; así, dice que Pujalte percibía más del doble que ella, y señala que fue en 2011 y viendo que su participación era cada vez menor, cuando decidió abandonar el proyecto, para lo que le vendió sus participaciones por 5.250 euros.

Y no volvió a tener noticias de Sirga hasta que en abril de 2015 comenzaron a publicarse informaciones periodísticas sobre las presuntas irregularidades.

La exparlamentaria recuerda que ella no pertenecía a Sirga cuando se produjeron los supuestos pagos a la sociedad por parte de empresas eólicas, entre otras Corporación Llorente (Collosa).

Torme señala que decidió acudir a la Fiscalía y presentar esta denuncia "ante la certeza de que había sido engañada" y "presumiendo un ánimo espurio en las intenciones de Pujalte".