La Fiscalía Anticorrupción pide dos años de prisión y multa de ocho meses, con una cuota diaria de 200 euros, para los exconsejeros murcianos de Caja Mediterráneo (CAM) Ángel Martínez Martínez y José García Gómez por el cobro supuestamente ilegal de retribuciones en la extinta caja de ahorros.
Martínez, que llegó a ser vicepresidente primero del consejo de administración de CAM y presidente del consejo territorial de Murcia, fue nombrado consejero en febrero de 2007 a propuesta del ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
Fue también presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena y secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP de la comunidad murciana.
García Gómez es el actual presidente de la Agrupación de Conserveros y Empresas de Alimentación de Murcia, Alicante y Albacete y fue vicepresidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia.
A propuesta del ayuntamiento de Archena, formó parte del consejo de administración de CAM de 2004 a 2010, donde presidió desde 2006 la sociedad Inversiones Cotizadas del Mediterráneo y desde 2008 la comisión de inversiones.
La fiscalía ha pedido penas de cuatro años de cárcel para el expresidente de CAM Modesto Crespo y el exdirector general de la entidad Roberto López Abad por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante en el que solicita la apertura de juicio oral contra Crespo, López Abad y otros diecinueve acusados, miembros del consejo de administración de CAM, ya desaparecida, por el cobro supuestamente ilegal de retribuciones.
Esta causa investiga las dietas presuntamente ilegales que habría recibido Crespo como presidente de Tinser Cartera, S.L. -empresa participada por CAM-, tras ser nombrado para desempeñar ese cargo en 2009.
En su escrito de acusación, Anticorrupción concreta que Crespo percibió de la sociedad Tinser Cartera, "durante el tiempo en que fue nominalmente presidente de su consejo de administración" (de 2009 a 2011), la suma total de 600.000 euros brutos "como retribución por una supuesta dedicación que en Tinser Cartera fue inexistente y que en CAM" era "gratuita por disposición legal".
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada y de un delito de societario de administración desleal, y mantiene que López Abad es "inductor y cooperador necesario" y que Crespo y los otros acusados son "autores".
Además de penas de cuatro años de prisión, la Fiscalía reclama para Crespo y López Abad multa de diez meses, con una cuota diaria de 400 euros.
Respecto a los diecinueve exconsejeros, acusados de los mismos delitos, el ministerio público demanda para tres de ellos, Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez, las penas de tres años de prisión y multa de nueve meses, con una cuota diaria de 300 euros.
Para el resto de los acusados pide las penas de dos años de prisión y multa de ocho meses, con una cuota diaria de 200 euros.
En su escrito de acusación, Anticorrupción expone que los estatutos de CAM preveían que los cargos de los consejeros generales, entre los que se encontraba el presidente de la entidad, "tendrían carácter honorífico y gratuito".
Además, señala, "no podrían originar percepciones distintas de las dietas por asistencia y gastos de desplazamiento que aprobase la asamblea general a propuesta del consejo de administración, dentro de los límites máximos que en cada momento estableciese la autoridad competente".
Según Anticorrupción, a finales de 2009, López Abad, entonces director general de la entidad, "ideó un plan para burlar esta prohibición y pagar al acusado Modesto Crespo", que había sido nombrado presidente de CAM el 8 de junio de ese mismo año, "además de las dietas a cuyo cobro tenía derecho, otros 300.000 euros anuales más".
Sostiene que, "en ejecución del anterior plan", López Abad propuso a la comisión de retribuciones de CAM que en la sociedad Tinser Cartera "se constituyese un consejo de administración, se nombrase presidente del mismo a Crespo y se le retribuyese por el desempeño de tal cargo con la cantidad de 300.000 euros anuales".
Anticorrupción afirma que "la comisión de retribuciones de CAM -compuesta por los acusados Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez- acordó trasladar dicha propuesta al consejo de administración de CAM para su cumplimentación".
Este órgano de gobierno de CAM "acordó, por unanimidad de los asistentes", que el consejo de administración de la empresa del grupo Tinser Cartera estuviese presidido por Crespo y que "la 'dieta' anual a percibir por éste fuese de 300.000 euros, mediante cuatro abonos trimestrales y con carácter retroactivo respecto a los dos últimos trimestres del año 2009", según la Fiscalía.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita que se decrete el decomiso de 600.000 euros en los bienes de Crespo, "sin perjuicio de destinar dicha cantidad a satisfacer la responsabilidad civil".
Igualmente, propone que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente en la cantidad de 600.000 euros a Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A., sociedad filial de Banco Sabadell que absorbió el 29 diciembre de 2014 a Tinser Cartera.
