El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, reconoció ayer que «no suelen residir las grandes fortunas en provincias intermedias como la de Murcia», por lo que, en principio, no habría muchas personas en la comunidad con capacidad económica potencial suficiente para tener cuentas en paraísos fiscales.

Aunque Mollinedo no se atrevió a decir qué personas de la Región de Murcia pueden tener dinero o patrimonio en sociedades 'offshore', explica que las grandes fortunas se suelen localizar normalmente en las grandes capitales, donde tienen sus sedes las grandes compañías.

El representante de Gestha explicó que las grandes fortunas suelen serlo por tener un paquete de acciones que dan derecho a sentarse en los consejos de administración de grandes compañías, que es de donde obtienen la principal fuente de ingresos. Y estas grandes compañías suelen estar radicadas en Madrid o Barcelona, así como en otras capitales importantes como Valencia, Sevilla o Bilbao. «Hay que pensar que quien lleva dinero a un paraíso fiscal no es un autónomo ni una pequeña empresa que pueda evadir 250.000 o 300.000 euros, porque ese dinero se puede consumir localmente repartiéndolo entre los socios o con estrategias como comprar un piso y escriturarlo a un precio inferior al realmente pagado», indicó. De hecho, Mollinedo explicó que «existen multitud de fórmulas domésticas para ocultar ese dinero procedente de la evasión tributaria».

Recordó que el único estudio disponible sobre esta cuestión es del economista francés Gabriel Zuckman, que tasó en 166.000 millones el patrimonio de españoles en paraísos fiscales, de los cuales 144.000 millones están ocultos, aunque ha puntualizado que Gestha no hace propias esas estimaciones.

El secretario general de la organización explicó que este tipo de sociedades «pretende evitar la responsabilidad tributaria o penal que puede acarrear a los titulares el detentar ese patrimonio». Entre otras posibilidades, recurrirían a estas sociedades 'offshore' para ocultar el origen del patrimonio si su origen es ilícito. En estos casos, el mayor volumen de fondos procede del narcotráfico, seguido del tráfico de armas y de las redes de la prostitución. Otra posibilidad es tratar de eludir las responsabilidades tributarias derivadas de detentar esa renta o patrimonio de origen lícito. Sería el caso de «los artistas o deportistas» que sitúan en esos paraísos fiscales empresas que gestionan sus derechos de imagen o de autor con la finalidad de no tributar en los países en los que residen.

Además de estas sociedades que generan renta, también hay sociedades patrimoniales, es decir, las que tienen cuentas abiertas en un país, habitualmente diferente a la nación en la que está radicada la sociedad 'offshore' con el fin de conseguir una mayor «opacidad» respecto a los bienes. «No solo se oculta por razones tributarias, sino que también puede haber casos de litigios entre socios, demandas de particulares o familiares, como en separaciones matrimoniales en los que interesa esconder información patrimonial para evitar que el titular tenga una merma significativa en su patrimonio, si no hay una cláusula matrimonial que determine los términos de la ruptura».

No obstante, celebró que las normas internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo «están tratando de limitar esa forma de actuar a través de entramados societarios, aunque queda mucho por hacer». Puso como ejemplo el caso del recientemente detenido Mario Conde. Mollinedo señaló que no todas las cuentas radicadas en países como Panamá son ilegales, sino que algunas son declaradas en los países de residencia de los propietarios. Este tipo de cuentas, por ejemplo, pueden tener sentido si la persona mantiene relaciones comerciales con empresas de terceros países que prefieren operar desde esos paraísos fiscales.

Lamentó que, mientras que no exista un intercambio automático de información de los registros de la Propiedad y Mercantil o de las cuentas detectadas en paraísos fiscales, «es difícil que este tipo de prácticas puedan aflorar». Se quejó también de que la Administración tributaria estatal «no ha sido demasiado expeditiva» en los casos que han aflorado, como el de las cuentas opacas de la familia Botín, que con unas declaraciones complementarias de 200 millones «evitaron las condenas y las multas».

Recordó que esta actuación benévola de la Agencia Tributaria con centenares de grandes fortunas en flagrante de evasión, obligó a Gestha a presentar una querella.