La plena independencia del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y la incorporación del Gobierno abierto y el Bueno Gobierno son las principales incorporaciones a la Ley de Transparencia y de la Participación Ciudadana de la Región de Murcia, que ha sido reformada 16 meses después de su aprobación y en la que finalmente no se incluirán a los ayuntamientos como administraciones obligadas a cumplir el articulado.
El pleno de la Asamblea Regional dio luz verde a un texto en el que PP y Ciudadanos suprimieron con sus votos un artículo que contemplaba que las materias en transparencia de la Administración local quedarían recogidas por las normativas autonómica y la estatal. Según fuentes populares, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular recuerda que el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia estipula que la única competencia de la Comunidad Autónoma en materia de régimen local es de desarrollo legislativo de la normativa básica estatal y su ejecución, por lo que no se puede extender una legislación regional a los ayuntamientos.
El nuevo articulado, que ha recogido muchas de las recomendaciones del Consejo de la Transparencia, actualmente presidido por José Molina, estipula que este órgano se convertirá en un órgano independiente de control del Ejecutivo murciano, y velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y por la garantía del derecho de acceso a la información pública.
La ley incorpora el Gobierno abierto para que haya «una comunicación y un diálogo de calidad» con los ciudadanos por parte del Ejecutivo murciano, así como un Buen Gobierno para que se garanticen los principios éticos y buenas prácticas de acuerdo con los que deben actuar los altos cargos y los funcionarios de la Administración, con el objetivo de que funciona con la máxima transparencia, calidad y equidad.
La defensora de la iniciativa para reformar la normativa, la diputada socialista Presen López, resaltó que el nuevo texto porque saca a la Región «entre las comunidades autónomas más opacas» y mejora «una ley descafeinada, muy vacía de cosas esenciales». López abogó por profundizar en esta materia abordando la elaboración de una Ley del Buen Gobierno y la Ética, que calificó de «esencial para poner palos en la rueda a políticos que amparan la corrupción».
Por parte del PP, el parlamentario Miguel Cascales valoró que se incorpore la enmienda que garantiza «la independencia y la autonomía» del Consejo de Transparencia, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, alabó «los consensos alcanzados» durante la tramitación de la reforma «frente al teatro de la vieja política existente en el Pleno, que quiere hacer ver que no se trabaja y no se llega a acuerdos».
La diputada de Podemos María Giménez lamentó que no se haya admitido una enmienda de su formación para que se invierta el sentido del silencio administrativo, por el cual, si la Administración regional no contesta en plazo a aquella persona que ha pedido información o autorización, se le dará la razón al peticionario.
Nombramientos y ceses
Por otro lado, el BORM publicó ayer el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de la Transparencia. Cesan José David Hernández y Alfredo Nieto, mientras que se nombra, por un período de cuatro años, a María Robles, en representación de la consejería de Presidencia; y María Pedro Reverte, en representación de la consejería de Hacienda y Administración Pública.
