La consejería de Fomento deja en manos del Consejo Jurídico la decisión sobre el futuro de Puerto Mayor. El departamento de Francisco Bernabé está ultimando la orden para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región del año 2010, que obligaba a devolver el contencioso sobre la caducidad de la concesión a la casilla de salida, pero no entrará a resolver si la autorización concedida por el Estado a Tomás Maestre en 1975 ha prescrito o puede renovarse. Por lo tanto, será el órgano consultivo del Gobierno regional el que resolverá si es posible acabar la obra paralizada desde el año 2005 a instancias del ministerio de Medio Ambiente o hay que levantar los pivotes de hierro clavados en el mar que llevan once años oxidándose al sol.
Fomento elude pronunciarse sobre las intenciones del Gobierno, aunque otras fuentes del Ejecutivo señalan que existen discrepancias entre los criterios legales que mantienen los servicios del departamento de Francisco Bernabé y los de la dirección general de Puertos.
El Gobierno regional siempre ha sido partidario de rehabilitar la concesión y de alcanzar un acuerdo que permitiera terminar Puerto Mayor, aunque fuese necesario renunciar a la construcción de viviendas sobre los terrenos ganados al mar, que la empresa de Tomás Maestre recogió en el proyecto sin contar con la autorización del ministerio de Medio Ambiente.
En cualquier caso, sean cuales sean las pretensiones del Ejecutivo, la propuesta que adopte la dirección general de Puertos tendrá que ser sometida al dictamen del Consejo Jurídico, que dirá la última palabra sobre la validez de la concesión.
La concesión de Puerto Mayor, a medio construir en una playa del Mediterráneo en La Manga, junto al puente de El Estacio, quedó envuelta en una nebulosa legal a partir del año 1988, cuando la dirección general de Transportes y Puertos decidió renovarla y estableció que la nueva marina se dedicara al atraque de las embarcaciones de mayor eslora para evitar que tengan que entrar al Mar Menor.
La decisión de Puertos fue impugnada por la Agencia Regional del Medio Ambiente de la propia Comunidad Autónoma, que se negó a permitir un puerto para grandes yates a la entrada del canal de El Estacio, frente a Isla Grosa. La autorización fue anulada poco después por el Consejo de Gobierno que presidía Carlos Collado.
El problema es que a principios de siglo el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel permitió a Puerto Mayor construir el puerto y la empresa de Tomás Maestre inició las obras en 2004 sin contar con la autorización del ministerio de Medio Ambiente para ocupar el Dominio Público Marítimo e inutilizar una playa situada junto al puente de El Estacio.
Tras cinco años de litigio, el TSJ ordenó a la Comunidad en 2010 que retrocediera hasta el año 1988 y resolviera de oficio si renueva la concesión de Puerto Mayor o la da por prescrita. Fuentes de la consejería de Fomento precisaron que la sentencia no fue firme hasta 2013 y explicaron que su aplicación se ha retrasado debido a los recursos con los que ha ido tropezando cada paso que daba el Gobierno para ejecutar el fallo judicial.
Si el Gobierno regional decide ahora que ya no es posible terminar las obras paralizadas desde hace casi once años, el siguiente paso será resolver quién tendrá que encargarse de levantar el espigón y las estructuras metálicas clavadas en el mar, lo que plantea un nuevo dilema legal y económico para la Comunidad. El Ejecutivo tendría que ordenar a la empresa la demolición de las obras realizadas entre 2004 y 2005, mientras que la promotora podría exigir una indemnización.
En cualquier caso, si se rehabilitara la concesión de 1975, la empresa promotora tendría que iniciar la tramitación del proyecto desde el principio, solicitando la autorización del Ministerio y una declaración de impacto ambiental que determine si el tráfico de grandes yates es compatible con el cordón de protección de Isla Grosa que establece la Red Natura 2000.
