«El otro día tuve a un niño que robaba ropa en las tiendas», rememora la trabajadora social Gema Carrascosa. «Lo hacía para tener cosas materiales. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo: 'Robo porque no puedo comprarme unas Nike'. Al darle todo, ellos piensan que lo pueden tener todo», destaca. ¿El castigo por robar? «O prestaciones en servicio de la comunidad o libertad vigilada, según las circunstancias del niño», precisa la profesional.

Y es que, asevera al respecto la también trabajadora social Mª Dolores Cano, «se puede dar el caso de que dos menores robando en el mismo sitio tengan penas diferentes».

LA OPINIÓN pasó una mañana con profesionales del Equipo Técnico del Juzgado y la Fiscalía de Menores de Murcia, equipo integrado por: Pedro Azorín (educador); Ginés García (trabajador social); Mª Dolores Cano (trabajadora social); Gema Carrascosa (trabajadora social); Rosa López (educadora); Mª Carmen Navarro (psicóloga); Luz Egido (psicóloga); Mª Dolores Vida (psicóloga) y Olga Mateo (trabajadora social). Todos ellos trabajan en la tercera planta de la Ciudad de la Justicia, donde están las dependencias de los Juzgados y la Fiscalía para personas que no han cumplido los 18 años de edad. «Informamos, no intervenimos en los menores», deja claro Cano.

Gema Carrascosa destaca que «la violencia intrafamiliar ha aumentado muchísimo en los últimos años». «Desde 2010, que estoy aquí, todas las semanas hay dos o tres casos», indicó. Casos estos que no entienden de género, ya que, como apostilla Mª Dolores Cano, «hay muchas niñas maltratadoras».

En este momento, el trabajador social Ginés García rememora: «Una vez tenía a un niño pegando a la madre, mientras el padre, en el sofá, estaba diciendo: '¿Quieres dejarlo, María, quieres dejarlo en paz?»

Para los casos de violencia en el seno de la familia está el centro Los Pinos. Se trata de una casa ubicada en Altorreal, en Molina de Segura, con 12 plazas para adolescentes. Una especie de campamento, pero para aprender a educarse y lograr el fin último: la reinserción plena, en el hogar y en la sociedad, del menor en cuestión.

Escasez de recursos

Mª Dolores Cano, además, considera que uno de los problemas a la hora de tratar la Justicia en menores de edad es que «la Comunidad Autónoma no tiene recursos». «No sé si es una cuestión económica o política. La cuestión es que inviertan», espeta, a lo que añade que «los menores no votan».

«Si tenemos poco dinero, igual interesa más gastarlo en la Tercera Edad», manifiesta, «o dar dinero para el bordado de las amas de casa».

Pedro Azorín, por otro lado, se refirió a condenas curiosas, por ejemplo la que se puso a unos chicos que habían cometido «un delito de xenofobia». La pena consistió en «ir a los comedores de Jesús Abandonado a colaborar». Allí, detalló Azorín, «estos menores llegaron a empatizar» con personas a las que antes habían agredido tan sólo por desprecio a su país de origen. «Ellos mismos lo valoraron, llegaron a comprender la realidad», dijo el educador. La solución había sido satisfactoria. La xenofobia había desaparecido.

A este respecto, la trabajadora social Mª Dolores Cano apostilló que hubo otro caso, también tras un delito de xenofobia (un adolescente llegó a pegar fuego a la puerta de la casa de unos ecuatorianos), en el que la pena que se impuso al menor fue «colaborar con una asociación» de personas sudamericanas. El chico empatizó tanto con la situación de estos inmigrantes que «hasta le pedía a su padre que les ayudase a tener luz en la casa» que previamente había atacado.

Otro ejemplo: a un menor de edad lo pillan conduciendo sin carné (porque, evidentemente, no tiene la edad para sacárselo) y la condena consiste en dar un curso de educación vial. En este sentido, Mª Dolores Cano habló de «niños que te dicen: 'Tuve que pegarle a mi padre porque no me dejaba el coche'. ¡Pero si no tienes carné!».

En otras ciudades, como Granada, a los menores que pillan haciendo 'botelleo' les mandan a limpiar los restos. Aquí, en Murcia, el asunto se salda con una multa de la Policía Local, y en absoluto llega a oídos de la Fiscalía del Menor.

«No es una violencia innata»

«No aparece la violencia de la noche a la mañana: se ha ido fraguando con el tiempo». Es lo que opina Pedro Azorín acerca de los casos de maltrato en el ámbito familiar en los que los autores son los niños. A juicio del educador, «no es una violencia innata», sino que «ha sido aprendida». El tan cacareado síndrome del Emperador.

«El objetivo es ejercer el control», remarca el profesional. «Yo he conocido casos de menores que han echado a sus padres de la casa. O de padres que tienen que dormir con pestillo. Antes de que los padres lleguen a denunciar, han pasado por algo muy duro», subraya el educador de la Fiscalía, a lo que añade que «incluso a veces, al llegar aquí, ven a su hijo esposado y se echan para atrás en la denuncia».

«Yo vi a un menor que apuñaló a su hermano por el mando a distancia», relató.

En opinión de Pedro Azorín, «la Ley del Menor ha sufrido críticas injustas». «Yo creo que es positiva y nos permite combatir la delincuencia juvenil», aseveró. Los chicos «no quedan impunes» y, además, «son conscientes de ello».

A esto, Cano agrega: «Es mentira que los menores entren por una puerta y salgan por otra» en los juzgados.