Hacienda recaudó casi 50 millones de euros más en la lucha contra el fraude en la Región durante el año 2015. Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, las investigaciones realizadas por la Inspección y el resto de operaciones en las que intervino Aduanas o la Unidad de Auditoría informática han aportado unos 250 millones de euros, que representan un aumento del 25% sobre la media de los años anteriores. Durante 2015 la Justicia ha fallado a favor de Hacienda en diez de las doce sentencias dictadas en casos de fraude fiscal, mientras que se han impuesto más de un centenar de multas a contribuyentes que han superado el límite de los pagos en efectivo establecidos en la Ley Antifraude de 2012, que limitó las operaciones en metálico a 2.500 euros.

Fuentes de la Agencia Tributaria destacaron que estos resultados corresponden en parte a las comprobaciones tributarias de los años anteriores a la recuperación económica, cuando la recaudación mantenía todavía una línea descendente.

Las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude han aportado una cifra récord. Los 249,9 millones recaudados en 2015 suponen una mejora de cerca de 50 millones de euros, que representan un 25% de incremento sobre la media obtenida entre los años 2010 y 2013.

En 2015 el Área de Inspección realizó más de 2.800 actuaciones de comprobación e investigación, frente a las algo más de 2.000 ejecutadas en 2011 y las más de 2.500 de 2012. «Al igual que ha ocurrido en las demás comunidades, en Murcia y a lo largo del pasado año se han seguido impulsando las actuaciones tendentes al control y reducción de la economía sumergida haciendo uso de todos los instrumentos disponibles, incluidos aquellos derivados de la Ley Antifraude de 2012», precisó la Agencia Tributaria.

El control de la economía sumergida ha dado lugar a 46 investigaciones de denuncias por incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo que establece la Ley Antifraude de 2012, un 15% más que en 2014. Esta reforma, que redujo a 2.500 euros el importe máximo de los pagos en efectivo, ha dado lugar a un centenar de sanciones por incumplimiento de esta obligación legal. También se han intensificado los controles para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias en vía ejecutiva y se han obtenido ingresos en periodo ejecutivo por un importe cercano a los 300 millones.

En toda España se han recaudado 15.664 millones de euros en 2015 con la aplicación de medidas de prevención y lucha contra el fraude, lo que supone una cifra récord que supera en un 27,2% la conseguida el año anterior.

En 2016 la Agencia Tributaria mantendrá una estrategia coordinada de lucha contra la economía sumergida a través de la potenciación de las visitas del personal de las unidades de auditoría informática (UAI) en las sedes donde se realiza la actividad económica.

Por otra parte, mantendrá un control especial, entre otros supuestos, sobre la utilización improcedente de empresas para canalizar rentas y reducir la tributación de personas físicas, las actividades profesionales, los signos externos de riqueza a los efectos de detectar ingresos no declarados, la emisión de facturas irregulares y las tramas de fraude organizado en el IVA.

También se potenciará la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior como pilares básicos del Plan de Control Tributario

Además, se agilizará la gestión recaudatoria en los casos de existencia de indicios de delito fiscal y de contrabando, de acuerdo con las posibilidades que ofrece la reforma de la Ley General Tributaria, y se reforzarán las medidas cautelares para afianzar el cobro de las deudas, las investigaciones de movimientos financieros y la gestión, tanto de las deudas en fase de embargo, como de aquellas inmersas en procesos concursales, potenciando, al mismo tiempo, la viabilidad de las empresas. Otra de las actuaciones de especial relevancia será la explotación de la información recibida de forma espontánea desde otros estados miembros de la UE en relación con contribuyentes con residencia en España.