Los alcaldes de Los Alcázares, Anastasio Bastida, y de Molina de Segura, Eduardo Contreras, tendrán que dejar el puesto si los jueces que los investigan actualmente concluyen que deben sentarse en el banquillo de los acusados, según confirmó ayer el portavoz del PP regional, Javier Iniesta.

El diputado popular compareció para informar del procedimiento iniciado por el Comité de Derechos y Garantías, órgano que preside Alberto Garre, que el jueves se reunió para abrir expediente informativo al alcalde de Los Alcázares y cinco concejales que tendrán que declarar ayer por supuestas irregularidades en la contratación en las obras del pantalán del muelle de la Pescadería. En el caso de Eduardo Contreras, el comité se inhibió en favor del mismo órgano de la dirección nacional, al ser Molina una ciudad de más de 50.000 habitantes. A estos cargos se les hace ahora un seguimiento, en función de las noticias que aparezcan en los medios de comunicación y de la documentación que presenten los afectados. Así lo establecen los estatutos del PP.

Así, el PP fija la apertura del juicio oral como la línea roja para los cargos público que tienen asuntos pendientes con la Justicia, como marcan los estatutos, pese a que firmó un acuerdo de investidura con Ciudadanos en el que se compromete a apartar a todos los dirigentes imputados (ahora investigados) por corrupción política.

Iniesta pidió que no se condene antes de tiempo a los alcaldes de Molina y Los Alcázares. «PSOE y Ciudadanos exigieron al PP que pidieran el puesto a Contreras sin esperar a que fuera a declarar el pasado 26 de enero», al igual que sucedió con la ex alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín, de quien «todavía no se sabe si el juez mantiene o no la imputación».

«Todos nacemos inocentes, no nacemos culpables», finalizó el portavoz popular.

Fuentes de Ciudadanos señalaron que no están sorprendidos porque el PP cambie la línea roja, «porque llevan incumpliendo el acuerdo de investidura desde octubre, por lo que seguimos sin sentarnos a negociar con ellos».