La Asamblea Regional de Murcia aprobó ayer pedir al Gobierno regional que declare la caducidad de la concesión de 50 años otorgada en 1988 a las obras y explotación de Puerto Mayor, en La Manga, y se reponga la zona a la situación anterior al inicio de los trabajos a finales de los años 80.
La moción, con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y en contra del PP, fue defendida por el diputado socialista Joaquín López. López pidió al Gobierno que «deje de dar excusas de mal pagador» e inicie el expediente de caducidad al que lo obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de 2010. La sentencia rechazaba la tramitación de la caducidad elegida por el Ejecutivo y le mandaba que eligiera otra vía y terminar con «este asunto 41 años después de que se inicie» y en el que, a juicio de López, es una»vergüenza» la «falta de voluntad clara del Gobierno por resolverla».
La moción incorpora una transacción de Podemos para que «se diriman las responsabilidades» de la Administración y la concesionaria, Puerto Mayor S.A., según María Giménez, quien dalificó de «intolerable e indignante» que el PP «ralentice» la caducidad.
Por C's, Luis Francisco Fernández apoyó la iniciativa, aunque pidió que la Mesa del Mar Menor remita información a la Cámara sobre el asunto. Afirmó que Murcia «debe ser la primera comunidad en infraestructuras hechas y no terminadas y que cuestan dinero a los murcianos».
Desde el PP, Juan Guillamón se mostró de acuerdo en el fondo, pero pidió esperar a que resuelvan sus divergencias los servicios jurídicos de las consejerías de Presidencia y Fomento.
