El fiscal Emilio Fernández, que representa al Ministerio Público en el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, dijo ayer que la ausencia el 27 de enero del letrado murciano Fermín Guerrero, que representa a una de las acusadas, fue «un delito», por lo que pide que la «justifique».

En la última sesión del juicio, el fiscal cerró su intervención con la reclamación de que este letrado «justifique de manera adecuada» lo ocurrido porque, advirtió, en caso de que no pueda hacerlo habrá incurrido en un delito.

«Su ausencia sin ninguna justificación obligó a suspender el juicio y a mí no me basta con una simple disculpa. Es necesaria una justificación al jurado, al fiscal, a León y a toda España que seguía con expectación este juicio», apostillaba el fiscal.

Guerrero, que representa a la agente de policía local Raquel Gago en el juicio por el asesinato de la presidenta, no asistió al juicio el 27 de enero y, tanto su ausencia como la imposibilidad de contactar por ningún medio con él, levantó una gran alarma. Fue registrada la vivienda en la que duerme durante los días del juicio y decenas de policías locales lo estuvieron buscando por toda la ciudad hasta que pudo ser localizado a primera hora de la tarde.

Tras ser localizado en una céntrica calle de León por una patrulla de la Policía Local, el letrado fue trasladado a Comisaría, donde declaró que su desaparición había sido voluntaria y se debía exclusivamente a «motivos personales imprevistos" y ajenos a su voluntad». También negó que la ausencia se debiera a ninguna estrategia legal ya que «no beneficiaría en nada» a su patrocinada.

Al día siguiente, tras la reanudación de la vista oral, el abogado pidió perdón en la sala y dijo que había dado las pertinentes explicaciones al presidente del tribunal y a su defendida, quien mantuvo su confianza en el letrado.

Guerrero tendrá que ofrecer esas explicaciones por escrito.