El expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel, que en la actualidad es vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del PP murciano, justificó la decisión de alquilar la desaladora de Escombreras al grupo ACS, que preside Florentino Pérez, por la negativa que los ayuntamientos recibían de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cuando proponían nuevos planes urbanísticos. Tras la creación del Ente Público del Agua los consistorios obtenían certificados con los que pretendieron burlar la Ley de Aguas, hasta que el Tribunal Supremo y el TSJ han empezado a anular las recalificaciones urbanísticas que no contaban con el visto bueno de la CHS. Valcárcel sostiene que la desaladora ha alcanzado una producción de 16 hectómetros cúbicos, el 75% de su capacidad, y está sosteniendo 4.000 puestos de trabajo y 9.000 hectáreas en el Campo de Cartagena. «Los agricultores hacen cola para conseguir el agua», afirmó en la Asamblea.

Ante las preguntas de los miembros de la comisión investigadora, Valcárcel negó que el Ente Público del Agua firmara ningún acuerdo con las promotoras de Novo Carthago, que también está siendo investigada en los tribunales, ni de Condado de Alhama, la urbanización promovida por Polaris. «El Ente Público del Agua solo ha firmado convenios con los ayuntamientos y con los agricultores, nunca con ninguna empresa», aseguró. Negó que la desaladora haya llegado a costar 600 millones y expresó su malestar ante la utilización del término «entramado societario» que se aplica al conglomerado de empresas públicas y privadas que participaron en la operación con ACS desde 2006. Según sus cálculos, la Comunidad ha pagado hasta ahora 49 millones. «Se acabó el bulo. La desaladora no cuesta 600 millones», concluyó.

Reconoció también que llegó a reunirse con el presidente del grupo empresarial, Florentino Pérez, en diciembre de 2013, cuando la compañía del presidente del Real Madrid acudió a los tribunales, porque la Comunidad Autónoma dejó de pagarle las cuotas pactadas, y le exigió el pago adelantado de los 25 años de contrato. Al encuentro asistió además el entonces consejero de Hacienda, Juan Bernal.

El expresidente recordó que la crisis, además de secar las arcas regionales, había dejado al Ente Público sin demanda para el agua desalada. Aclaró que la operación se fraguó durante meses, aunque las empresas públicas suscribieran los contratos con la sociedad Hydro Management el mismo día que fueron autorizadas por el Consejo de Gobierno y que se firmó su constitución. Mientras que mostraba sus discrepancias con los dictámenes realizados por los Servicios Jurídicos de la Comunidad y la Intervención General, defendió el aval de dos prestigiosos despachos de abogados como garantía de «la escrupulosa legalidad» de la fórmula utilizada para dar «agilidad» al proyecto. Añadió que la utilización de sociedades públicas permitía mantener el gasto «fuera del perímetro contable», sin que tuviera repercusión en el déficit de la Comunidad, pero «no hay tal entramado de empresas».

Mostró su rechazo a los calificativos «leonino» y «draconiano» que la oposición aplica a los contratos de la desaladora, aunque sí admitió que se firmó una modalidad denominada 'take or pay', que obliga a pagar aunque no se consuma el producto suministrado.

Ante las críticas del diputado socialista y exalcalde de Calasparra Jesús Navarro, Valcárcel llegó a comparar el alquiler de la desaladora con la contratación de «una nueva línea de autobuses por parte de un ayuntamiento, que solo consigue un viajero». El expresidente justificó que, en este caso, al igual que ha ocurrido con la propietaria de la desaladora, la empresa se negara a asumir el déficit del servicio. Jesús Navarro le contestó que si él se encontrara con una línea de autobús que solo tuviera una usuario, la cerraría y le buscaría al solitario viajero otra forma de transporte.

La fórmula empleada por Valcárcel para responder a la oposición en bloque, en lugar de contestar pregunta a pregunta, provocó las críticas de Podemos, que acusó a Ciudadanos de dar facilidades al compareciente para eludir las preguntas más duras y contestar solo a lo que él quería. El portavoz de C's, Miguel Sánchez, que también preside la comisión de la desaladora de Escombreras, respondió que la Asamblea Regional no debe actuar «como un tribunal ni debe juzgar a nadie».